El Banco de España receta subir los impuestos

Apuesta por una recuperación relativamente robusta a partir de la segunda mitad de este año, pero alerta de la persistencia de los efectos de la crisis

Fachada de la sede del Banco de España, situada en la madrileña Plaza de Cibeles
06/03/2015
Fachada de la sede del Banco de España, situada en la madrileña Plaza de Cibeles 06/03/2015EUROPA PRESS EUROPA PRESS

La pandemia del coronavirus ha provocado una crisis económica sin precedentes en tiempos de paz, que ha situado a España de golpe en las postrimerías de la Guerra Civil. Ahora las incógnitas a despejar son saber cuándo regresará nuestro país al ritmo de crecimiento prepandemia y qué recetas aplicar para reducir al máximo en el tiempo los efectos perversos de la crisis. A estas dos pregunta trata de contestar el Banco de España en su informe anual de 2020, centrado, como no podía ser de otra manera, en la pandemia del coronavirus. Según el informe, a corto plazo, las perspectivas apuntan a que la economía española se recuperará con relativo vigor a partir de la segunda mitad de este año, si bien los efectos adversos de la pandemia sobre el nivel del PIB, el empleo y las cuentas públicas perdurarán aún varios años. En este contexto, lanza una aviso a navegantes: el incremento del endeudamiento, junto con el elevado déficit público estructural, hace a la economía española más vulnerable. Además, advierte de que el nivel del PIB de finales de 2019, es decir, prepandemia, no se recuperaría, en el escenario central que realiza, hasta finales 2023, mientras, el Gobierno prevé que se recupere un año antes. “En un horizonte temporal más amplio, las perspectivas de la economía española estarán condicionadas por una serie de retos estructurales y en la manera en que la política económica los aborde”.

Ante este panorama nada halagüeño, el Banco de España vuelve a repetir recetas para fortalecer la recuperación. Así, recomienda la adopción de un paquete de reformas estructurales ambicioso, que involucre a todas las administraciones públicas, dirigido fundamentalmente a acabar con la dualidad del mercado de trabajo, garantizar el sistema público de pensiones y reformar el sistema tributario español. El Banco de España defiende una revisión integral de todos los capítulos de gastos e ingresos públicos. Por el lado de los ingresos, considera que sería conveniente “abordar una revisión integral de nuestro sistema tributario para conseguir que la recaudación fiscal sea suficiente para financiar el nivel de gasto que se pretende acometer”.

“Solo de esta manera es posible maximizar la eficiencia en la captación de los ingresos impositivos y minimizar las distorsiones que ello genera en la actividad económica”. En ese sentido, aconseja, en sintonía con el Gobierno y con la AIReF, revisar con detalle los múltiples beneficios fiscales que contempla nuestro sistema tributario. “Como la AIReF ha señalado en este ámbito existe un amplio margen de mejora. En particular, estos beneficios no solo suponen una merma muy significativa de los ingresos públicos (en el promedio del período 2016-2019 representaron un gasto fiscal anual cercano al 5% del PIB), sino que, en algunos casos, ni siquiera están cumpliendo adecuadamente con los objetivos para los que fueron diseñados”. Acto seguido, recuerda las recomendaciones realizadas por al Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que aconseja, entre otras medidas, la revisión de los tipos reducidos del IVA, la reformulación de la reducción por arrendamiento de vivienda en el IRPF y la reconsideración de los tipos reducidos en los impuestos especiales sobre el diésel. Además, considera necesario que en algunos ámbitos concretos la imposición en España persiga un alto grado de coordinación internacional, como en introducción de nuevos impuestos sobre las transacciones financieras y sobre los servicios digitales, con el fin de maximizar su efecto recaudatorio y evitar distorsiones competitivas o la deslocalización de las bases impositivas.

Coste del despido

El Banco de España defiende, en sintonía con las recomendaciones de Bruselas, acabar con la elevada dualidad que existe en el mercado de trabajo español, como ha confirmado la crisis actual, que se ha cebado, especialmente, con los empleos temporales. En este terreno, se muestra partidario de favorecer la movilidad de los trabajadores, mediante la utilización de fondos europeos para cubrir parte de los costes de la puesta en marcha de esta reforma, como los del despido. En concreto, defiende un sistema mixto que combine una reforma de los costes de despido en nuestro país, encaminada a favorecer una distribución más equitativa entre los distintos tipos de contratos, con el establecimiento de un fondo de capitalización en el que las empresas realizan periódicamente una contribución a nombre de cada uno de sus trabajadores. Los empleados podrían recuperar estas contribuciones en caso de pérdida involuntaria del empleo o, si no lo han hecho antes, en el momento de la jubilación. Además de que el diseño de los ERTE siga adaptándose a la evolución de la coyuntura económica y sanitaria.

Fin del factor de sostenibilidad

El Banco de España lanza una serie de advertencias a la hora de abordar la reforma del sistema público de pensiones. En este sentido, alerta de que algunas de las recomendaciones realizadas por la Comisión del Pacto de Toledo y de la AIReF, que proponen desplazar diversas partidas de gasto desde la Seguridad Social al Estado y transferir a la Seguridad Social parte de las cotizaciones sociales destinadas al Servicio Público de Empleo Estatal, permitirían reducir su déficit , pero “a costa de aumentar el déficit del Estado”.

“Además, no permitirían por sí mismas abordar el aumento del gasto de la Seguridad Social que se producirá en los próximos años como consecuencia” del envejecimiento de la población. Así, “en un escenario de revalorización de las prestaciones con el IPC y de mantenimiento del factor de sostenibilidad, la AIReF estima que, dadas las dinámicas demográficas de la sociedad española, el gasto de la Seguridad Social aumentará en unos 3,3 puntos porcentuales del PIB en 2050″. De ahí que advierta de que este incremento sería 0,9 puntos porcentuales superior en un escenario en el que el factor de sostenibilidad se derogase definitivamente.

A su juicio, una eventual reforma del sistema de pensiones, que debe alcanzarse con el mayor consenso político y social, debería reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas, así como asegurar un nivel de suficiencia para aquellos hogares más vulnerables, aumentar la transparencia y la predictibilidad del sistema, y tener en cuenta consideraciones de equidad intergeneracional. En cualquier caso, según el Banco de España, resulta crucial que cualquier reforma del sistema repercuta en un mayor grado de transparencia y predictibilidad, para lo que considera conveniente introducir mecanismos automáticos de ajuste, que adapten algunos parámetros del sistema a los cambios que se produzcan en las dinámicas demográficas y económicas, con objeto de dar certidumbre a los ciudadanos y de favorecer una toma de decisiones de ahorro, trabajo y jubilación prudente.

Además, considera que la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV) en mayo de 2020 supuso la introducción de un mecanismo de redistribución que podría contribuir “significativamente” a paliar la pobreza extrema en España hasta el 1,5% desde el 5,7% actual, según datos del INE. Para el Banco de España, podría resultar adecuado considerar una posible extensión del IMV a algunos colectivos que, de acuerdo con el diseño inicial de este instrumento, no son elegibles, pero que también se encontrarían en situación de riesgo de pobreza extrema. Por ejemplo, afirma que esta situación podría afectar a ciertos hogares con rentas bajas que incumplen la condición necesaria para recibir el IMV en cuanto al nivel de patrimonio, principalmente, por la posesión de activos inmobiliarios de reducido valor, y a algunos hogares con más de dos adultos

Impacto desigual

El informe anual realiza un repaso al desplome de todos los indicadores macroeconómicos. En este análisis advierte de que el PIB de la economía española aún se situaba, a finales del primer trimestre de 2021, un 9,4% por debajo de su nivel anterior a la pandemia. En ese sentido, recuerda que el impacto ha sido muy desigual tanto por sectores (se ha concentrado particularmente en la hostelería, el ocio, el comercio y el transporte) como por geografías (con una mayor caída de la actividad en las provincias insulares y en la costa mediterránea), colectivos de trabajadores (se han visto afectados sobre todo los trabajadores jóvenes, con contratos temporales y rentas bajas) y empresas (las de menor tamaño son las que han sufrido un mayor retroceso en sus cifras de facturación).

Acto seguido, efectúa una enumeración de los principales incertidumbres que aún sobrevuelan sobre la economía española. “Algunos factores de riesgo que condicionaban las perspectivas de la economía española se han visto mitigados recientemente por el proceso de vacunación”. Pese a ello, las perspectivas económicas españolas aún permanecen sujetas a un elevado grado de incertidumbre. Los hogares españoles han acumulado una importante bolsa de ahorro desde el comienzo de la pandemia y aún es difícil precisar a qué ritmo se liberará esta bolsa de ahorro en el futuro, lo que supone un determinante clave para la evolución del consumo privado. Además, existe una elevada incertidumbre en cuanto a la evolución futura de la inversión empresarial, que se ve afectada por distintos factores. Las perspectivas de la economía española también dependen de la senda de reactivación del turismo internacional, sobre la que existe una considerable incertidumbre. De cara al futuro, existe una notable incertidumbre en cuanto a la velocidad a la que el sector turístico podría recuperarse. Mientras, la contribución del sector exterior al crecimiento económico español en el futuro se verá condicionada por la evolución de la base exportadora. En un horizonte temporal más amplio, identifica otros dos elementos de incertidumbre significativos, relacionados con la magnitud de la destrucción de tejido productivo y sus posibles consecuencias financieras, y con el grado de utilización y la efectividad de los fondos europeos que recibirá España. A nuestro país le corresponden 140.000 millones del Plan de Recuperación comunitario, de los que 70.000 millones serán a fondo perdido.

Por eso alerta de que no se deben subestimar los retos que supone maximizar el efecto de estos fondos sobre el crecimiento económico a largo plazo. De ahí que recomiende que la selección de los proyectos debería descansar sobre un esquema apropiado de procedimientos públicos de contratación y sobre un diseño adecuado de las metodologías para la evaluación de las distintas iniciativas. Por otro, se debe asegurar que no existen obstáculos en nuestro marco institucional que dificulten el proceso de reasignación de recursos entre empresas y sectores.

El Banco de España vincula la recuperación y su intensidad a la evolución de la pandemia, pero “también a la aplicación de unas políticas económicas adecuadas”. En este contexto, “la acción de política económica deberá combinar tres objetivos: mantener el apoyo a la economía en el corto plazo, facilitar los ajustes estructurales causados por la pandemia y afrontar con decisión los problemas estructurales que limitan nuestra capacidad de crecimiento”, reitera a lo largo de su informe.

Cierre de empresas

El capítulo tres del informe aborda en profundidad uno de los desafíos que la autoridad monetaria considera más importantes: los daños, algunos, posiblemente persistentes, que la crisis está ocasionando sobre el tejido productivo. En concreto, “el cierre de aquellas empresas que están atravesando una situación de dificultad, pero que siguen siendo viables, podría desencadenar la pérdida de empleos y la disrupción de algunas cadenas de producción, lo que redundaría en una evolución menos positiva de la actividad económica”. Esta posibilidad representa también un riesgo para el sector bancario y para la estabilidad financiera, especialmente si viniese acompañada, en situaciones extremas, de una oleada de quiebras. Por ello, cree relevante la ejecución rápida y homogénea de las ayudas directas a pymes y a autónomos aprobadas por el Gobierno, así como que los mecanismos de reparto permitan focalizar selectivamente las ayudas precisamente en las empresas viables, pero con problemas de solvencia. Paralelamente, “resulta crucial facilitar el ajuste de la economía a las nuevas realidades surgidas tras la pandemia, lo que, en el caso español, necesariamente pasa por permitir el uso de los mecanismos que establece la legislación, en particular la laboral, para que las empresas realicen estos ajustes. Además, “debe mejorarse el funcionamiento de los mecanismos de reestructuración de deudas y de liquidación de empresas, en particular para aquellos proyectos empresariales inviables en el medio plazo”.