Los viajes del Imserso, en el aire, sin fecha ni presupuesto

Las diferencias entre los ministerios de Belarra y Maroto retrasan el programa de turistas senior y mantienen al sector turístico en vilo

Ambiente en el paseo marítimo de Benidorm en las horas previas a la finalización del estado de alarma.
Ambiente en el paseo marítimo de Benidorm en las horas previas a la finalización del estado de alarma.Alberto R. RoldánLa Razón

El sector turístico esperaba con ansiedad la luz verde del Consejo de Ministros a la reactivación de los programas de viajes del Imserso, tabla de salvación a la que pretenden agarrarse miles de hoteles españoles tras la campaña de verano. Pero al plan de viajes de mayores ni está ni se les espera. El Gobierno no ha decidido todavía la aprobación del plan presupuestario y, por lo menos, se tendrá que esperar una semana más. Y la situación acumula más de un mes de retraso, ya que en circunstancias normales se debería de haber aprobado el pasado mes de mayo. Esto puede provocar que los viajes sociales no puedan iniciarse hasta el invierno, y no en otoño como estaba previsto.

El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, afirmó la semana pasada que en esta se aprobaría el acuerdo presupuestario del programa de vacaciones para turistas sénior, con el objetivo de que estuviera operativo como muy tarde en octubre, para que la semana que viene se acordará su licitación. Pero no se ha cumplido su previsión.

El porqué de este nuevo parón hay que buscarlo en el atasco que mantienen las negociaciones internas entre el Ministerio de Asuntos Sociales, dirigido por Ione Belarra, de Podemos, y el de Turismo, de Reyes Maroto, del PSOE, que cuenta con el apoyo del sector hotelero.

Estos empresarios han logrado que Maroto comparta su deseo de elevar los importes fijados por el Estado para estos programas, que denuncian están por debajo del coste de producción. «Es inasumible afrontar un precio de 23 euros con pensión completa y servicios complementarios». Este es uno de los puntos de conflicto entre ambos departamentos y las compañías hoteleras, pero no el único.

Otro de los caballos de batalla que mantiene la negociación sin acuerdo es la apretura de fechas. El sector turístico advierte de que se necesitan al menos seis meses de plazo para adjudicar los contratos y levantar el telón de la campaña, por lo que ahora mismo no se iniciarían los viajes hasta noviembre, siempre y cuando se apruebe el presupuesto este mes y que, además, no haya impugnaciones a las concesiones, como ha ocurrido en varias ocasiones desde 2015. El último litigio tuvo lugar en 2019, cuando Globalia y Barceló presentaron recurso contra la adjudicación, y la patronal Cehat impugnó las propias bases de licitación del contrato público. Este factor de litigiosidad, máxime en las actuales circunstancias de necesidad de las grandes cadenas hoteleras por culpa la pandemia, puede añadir retrasos adicionales.

Fuentes de las patronales hoteleras han cargado contra los representantes de Asuntos Sociales, por su «incapacidad para negociar» y porque «ni siquiera se han querido sentar con nosotros», dada la tensa relación que mantiene los ministerios de la formación morada con este sector a cuenta de las condiciones laborales de colectivos relacionados con los servicios hoteleros, como las camareras de habitación. El Ministerio de Trabajo, en manos de otra dirigente de Podemos, Yolanda Díaz, ha puesto en el punto de mira en estas empresas con duras inspecciones, que han forzado el cambio contractual de miles de trabajadores temporales.

Más de 300 establecimientos hoteleros con 90.000 empleos vinculados están en el aire ante la dejación presupuestaria del Gobierno, a los que hay que sumar los sectores y empresas auxiliares, como agencias de viaje, servicios y suministros de comidas y bebidas, hostelería, empresas de transporte, pequeño comercio, ocio nocturno y resto de oferta turística complementaria, que deben dar servicio a las más de 900.000 pernoctaciones que prevé el plan. El impacto económico directo de estos programas se cifra en torno a 300 millones de euros, y con un impacto indirecto del doble. Pero todo sigue sin cerrarse y sin fecha definitiva.