Una contrarreforma de las pensiones financieramente insostenible

El Gobierno está cerrando ahora mismo el acuerdo con los agentes sociales sobre la primera fase de la reforma del sistema de pensiones. El objetivo de momento es asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas volviendo a indexar sus ingresos al IPC: es decir, el objetivo es derogar la reforma de las pensiones del año 2013 aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

A este respecto, conviene recordar que la finalidad última de esta última reforma jamás fue la de congelar el poder adquisitivo de los pensionistas, sino la de cerrar la brecha existente entre ingresos y gastos dentro de la Seguridad Social por la vía de congelar las pensiones mientras esa brecha no desapareciera.

El llamado Índice de Revalorización de las Pensiones (que así se denominaba a la limitación que impedía un incremento de las pensiones superior al 0,25% anual mientras subsistiera un déficit estructural en la Seguridad Social) tan sólo representaba una restricción presupuestaria frente a la irresponsabilidad financiera de los políticos: «Si ustedes no son capaces de aumentar los ingresos o de recortar otros gastos, entonces tienen vetado revalorizar las pensiones más de un 0,25%». O dicho de otra manera, el Gobierno de PSOE-Podemos podría haber mantenido intacto el Índice de Revalorización de las Pensiones, aplicar las reformas que creyese pertinente aplicar para solucionar el desequilibrio estructural entre ingresos y gastos y, una vez logrado semejante propósito, pasar a indexar las pensiones al IPC.

Pero al parecer han preferido quitarse la camisa de fuerza para volver a revalorizar las pensiones al IPC sin garantizar que el déficit a largo plazo de la Seguridad Social habrá sido solventado a través de las medidas que ha planteado hasta la fecha el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Recortes de un día para otro

Por ejemplo, esta misma semana la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado un valioso documento titulado «El futuro de las pensiones en España» y en uno de sus capítulos –«Algunas reflexiones sobre el informe del Pacto de Toledo y los planes del Gobierno en materia de pensiones», escrito por Ángel de la Fuente y otros– se pueden leer opiniones tan duras contra el Gobierno como la siguiente: «La contrarreforma de pensiones que el Gobierno está planteando comportaría un aumento muy considerable del gasto durante las próximas décadas que podría terminar de desequilibrar las ya precarias cuentas del sistema hasta hacerlo inviable, abocándolo a un ajuste abrupto en algún momento futuro que comportaría una fuerte reducción de las pensiones de un día para otro (…) En ausencia de otras medidas, este cambio de política condenaría al sistema público a un déficit permanente que aumentaría significativamente durante las próximas tres décadas. Para evitar una espiral de deuda que nos llevaría eventualmente a la suspensión de pagos (…) resultaría necesaria (…) una subida de impuestos y/o cotizaciones sociales (…) que tendría que ser muy significativa y supondría sin duda una carga muy pesada para determinadas cohortes de trabajadores».

La razón de este juicio es sencilla de entender: eliminar la reforma de 2013 sin otras medidas de ajuste sólo contribuirá a disparar los gastos a lo largo de las próximas décadas, de modo que nos veremos abocados a una deuda creciente que se saldará o con suspensión de pagos, o con recortes abruptos de las pensiones venideras o con subidas brutales de impuestos. De la irresponsabilidad política de hoy nos responsabilizaremos, sin culpa, las generaciones futuras de pensionistas y trabajadores.

Lituania y Chipre superan a España

Lituania y Chipre adelantaron el año pasado en renta per cápita a España. Aunque en parte se trata de una consecuencia transitoria (y probablemente reversible) derivada del fuerte hundimiento que experimentó nuestra economía durante la pandemia del coronavirus, sí conviene poner de manifiesto que hay algunas economías europeas que, con modelos fiscales y regulatorios distinto del nuestro, están logrando tasas de crecimiento más aceleradas que la de España desde hace años y, merced a ello, van acercándonos a nuestro nivel de desarrollo. El último en lograrlo, y no por un efecto artificial de la pandemia, fue la República Checa. Si no cambiamos de un modo muy considerable nuestro marco institucional (necesitamos de mayor libertad económica), nos iremos quedando inevitablemente rezagados.

Clases medias globales

Credit Suisse acaba de publicar su informe sobre la distribución mundial de la riqueza correspondiente al año 2021. Aunque la mayoría de titulares de los periódicos han destacado lo mismo que suelen destacar todos los años –que el 1% de la población mundial controla casi el 50%–, probablemente el dato menos resaltado pero con diferencia más importante ha sido que el número de ciudadanos que integran la clase media global –definida en el informe como aquellos que poseen un patrimonio neto entre 10.000 y 100.000 dólares– se ha más que triplicado en los últimos 20 años. En particular, hemos pasado de 507 millones de personas a 1.700 millones. Si en lugar de centrarnos en analizar la desigualdad en la distribución de la riqueza observamos la evolución individual de la riqueza, la imagen que emerge es mucho más optimista.

¿Bitcoin vale cero?

Una de las polémicas más sonadas durante esta semana dentro del ámbito de las criptomonedas ha sido el artículo del reconocido pensador Nicholas Nassim Taleb (el autor de obras como El Cisne Negro o Antifrágil) en el que ha argumentado que el valor fundamental de Bitcoin es en realidad cero. Según Taleb, Bitcoin es un activo que no proporciona ningún servicio a su poseedor y, en consecuencia, su precio presente sólo puede proceder de su precio futuro esperado, pero a muy largo plazo el precio futuro de Bitcoin ha de ser cero porque necesariamente la tecnología terminará siendo reemplazada por otra. El error básico de Taleb es no darse cuenta de que Bitcoin sí proporciona hoy un servicio valioso a sus propietarios: el servicio de conservar hoy su patrimonio frente al riesgo de rapiña del Gobierno.