Díaz investigará a quien no aplique los nuevos ERTE

Yolanda Díaz pretende meter una nueva marcha a la negociación de la reforma laboral y esta semana presentará un nuevo borrador con las últimas propuestas, ya de sobra conocidas, pero que no han conseguido que la patronal se muestre del todo receptiva, sobre todo en los puntos referentes a la limitación de la contratación temporal, muy ligada a la subcontratación –uno de los puntos de mayor fricción–, la apuesta por los contratos formativos y la implantación de unos nuevos ERTE permanentes, para evitar que tras la pandemia las empresas utilicen de forma generaliza el despido de trabajadores por motivos de la crisis económica.

Es precisamente en estos ERTE evolucionados en los que la ministra quiere imponer su novedoso Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (MSE), un ERTE indefinido y estructural, mediante el que la ministra pretende minimizar la ola de despidos que se avecina una vez que se levanten las medidas de protección laboral aprobadas durante la pandemia. Lo que pretende es que empresas y autónomos con empleados a cargo tengan una salida al despido, con medidas correctoras como la reducción de jornada cuando se vea impedida o limitada la actividad «por razones de carácter imprevisible, ajenas a la voluntad empresarial, cualquiera que sea su causa», cita el borrador que tendrán en su mesa esta semana los agentes sociales, que deberán dar su aprobación.

La aplicación del MSE mantendrá importantes prohibiciones –algo a lo que la patronal ha puesto muchas pegas–, como la realización de horas extraordinarias, la externalización de cualquier actividad productiva y el impedimento a hacer nuevos contratos, a lo que se une la obligación del mantenimiento del empleo mientras esté aplicado este mecanismo. El Ministerio quiere que el MSE se imponga como solución permanente y preferente frente a las extinciones por causa económica técnica, organizativa o de producción. Además, activará a la Inspección de Trabajo para obligar a las empresas que opten por prescindir de sus trabajadores a «motivar suficientemente» los casos de extinción de contrato y que demuestren la «inviabilidad» de la aplicación del MSE. La patronal ya ha mostrado sus reticencias y quiere cambios en su concepción para evitar que se coharte la libertad empresarial.