El sector turístico agoniza a la sombra de Plus Ultra

Sin noticias de los fondos de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales) ni de los 7.000 millones de ayudas directas para pymes. El sector turístico se enfrenta a una nueva temporada de verano en pandemia agonizando y sin los cuidados paliativos que esperaban recibir por parte del Gobierno. La migraña que arrastran los empresarios del sector desde hace más de un año se ve agravada ahora por el temor a que las ayudas se retrasen aún más por la suspensión judicial de parte del polémico rescate (34 millones de 53) concedido por la SEPI a la aerolínea Plus Ultra.

Casi un año después de la puesta en marcha del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas –operativo desde agosto de 2020–, gestionado por la SEPI, este mecanismo apenas ha repartido 1.080 millones de los 10.000 con los que está dotado, es decir, solo el 10%. Lo que pretendía ser un salvavidas urgente no está siendo todo lo ágil que se esperaba. Hasta el momento, la SEPI solo ha aprobado cinco rescates, el último de ellos, el de Tubos Reunidos (113 millones) hace tan solo unos días, tras cuatro meses de parón desde el controvertido rescate de Plus Ultra, por no ser una empresa estratégica.

Alrededor de 50 empresas de todos los sectores siguen aún a la espera de una respuesta a su solicitud, entre las que se encuentran varias compañías turísticas clave. Desde Hotelatelier, que fue la primera en solicitar una ayuda de 25 millones en enero, a la que se sumó poco después Grupo Serhs (35 millones), hasta la cadena hotelera Hotusa (300 millones), pasando por la agencia de viajes Pangea (25 millones), Wamos (75 millones), Nautalia (75 millones), Hesperia (55 millones), Room Mate (52), Selenta (50), Hoteles Playa Senator (50) y Grupo Julià (37) o la más reciente, Abba Hoteles (30,9 millones).

Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo, reivindica que «las empresas que han solicitado las ayudas realmente están necesitadas de recibirlas cuanto antes». «No entendemos que se hayan producido estos retrasos y quizás la operación de Plus Ultra ha paralizado el resto de expedientes», denuncia. Varias empresas solicitantes de las ayudas achacan a la polémica la mayor lentitud de las concesiones y un endurecimiento de los requisitos, algo que desmiente la SEPI: «No hay retraso de ningún tipo. Se está trabajando con normalidad y se está cumpliendo el plazo de seis meses para valorar cada caso, algunos más complejos que otros».

El mazazo judicial a Plus Ultra no solo ha puesto en alerta al sector turístico, sino también a la oposición del Gobierno. El escándalo alimenta las sospechas del cese de José Luis Ábalos, los lazos de la compañía con el chavismo, afecta a la credibilidad de España y pone en riesgo la gestión de los fondos europeos.

Desde la Mesa del Turismo reclaman al Gobierno que deje en manos de la Justicia el caso de Plus Ultra y se centre en agilizar, tanto las ayudas de la SEPI como los 7.000 millones de ayudas directas, de los que las pymes aún «no han visto ni un euro» y «son vitales para su supervivencia».