Los halcones del norte, en contra de relajar las normas de déficit como pide España

Halcones y palomas vuelven a cruzar guantes. Norte y Sur del club comunitario se enfrentan de nuevo por la reforma de las reglas fiscales europeas, el siempre polémico pacto de Estabilidad y Crecimiento que fija los límites de déficit y deuda pública en el 3% y 60% respectivamente. Unas normas que, por primera vez en la historia, están suspendidas en aras de que los países puedan gastar dinero público sin cortapisas para consolidar la recuperación económica tras los estragos ocasionados por la pandemia del coronavirus. Se espera que estas reglas vuelvan a reactivarse en 2023 y los países del sur de Europa creen que esta es la ocasión propicia para una reforma en profundidad de unas normas que consideran obsoletas. Todo indica que el pistoletazo real de las negociaciones comenzará tras los comicios alemanes, según lo que cueste la formación de un nuevo gobierno en Berlín en unas de las elecciones con un resultado más incierto de las últimas décadas.

Pero, aunque quién será el sucesor o sucesora de la canciller Ángela Merkel marcará el resultado final, los dos grupos antagonistas ya han comenzado a marcar posiciones apenas se han visto las caras mientras la Comisión Europea hace equilibrios para encauzar las discusiones que comenzarán oficialmente este otoño y que pueden quedar encalladas en el típico letargo comunitario.

Los acérrimos defensores de la ortodoxia fiscal se muestran partidarios de reformar las normas, pero se oponen a cambios de calado como los propuestos por los países del sur de Europa y advierten de que cualquier debate será largo. No creen que la fecha del 2023 deba ser una coartada para vuelcos apresurados que pongan en la picota la sostenibilidad fiscal de la zona euro. Países Bajos, Austria, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Letonia, Eslovaquia y República Checa han presentado una documento común como modo de sentar sus posiciones de cara a un primer debate que tendrá hoy lugar por parte de los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete en Eslovenia, país que ahora mismo ostenta la presidencia rotatoria europea.

El texto se muestra abierto a «simplificaciones y adaptaciones que favorezcan una aplicación coherente, transparente y mejor de las reglas, pero solo si las nuevas propuestas no ponen en peligro la sostenibilidad fiscal de los Estados miembros, la eurozona y la UE en su conjunto», y avisa de que la reducción de la deuda pública debe continuar. No es la primera vez que este grupo critica la excesiva complejidad de las normas actuales, con múltiples recovecos y meandros que, al final, hacen impredecible su aplicación y da un excesivo poder a la Comisión Europea, que goza en la práctica de una gran discrecionalidad a la hora de perdonar posibles multas a los incumplidores.

Uno de los puntos más controvertidos reside en los cálculos que hace el Ejecutivo comunitario a la hora de dictaminar el conocido como déficit estructural, no sujeto a los vientos a favor o en contra de la recuperación económica, sino al crecimiento potencial que tiene un país según los criterios de Bruselas. Estos cálculos marcan los deberes de los países cuándo no superan el farolillo rojo del 3% del PIB , pero casi ningún país está conforme con los dictados de la Comisión Europea.

El grupo de las palomas como España, Francia e Italia también coinciden en la excesiva complejidad de las normas y la necesidad de una mayor simplificación, pero creen que es la hora de un nuevo enfoque y que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento nació para un mundo que ya no existe. Además, consideran que los cambios deben realizarse lo antes posible para que en 2023 entre en vigor un nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento y no el de siempre.

En cuánto al fondo de las reformas, estos países creen que la reducción del déficit no debe ahogar el crecimiento y desincentivar las inversiones justo cuando son más necesarias, tal y como pasó durante la crisis pasada. Según aseguró ayer la vicepresidenta Nadia Calviño antes de la reunión con sus homólogos de la zona euro, es necesario adecuar las normas «a la realidad que estamos viviendo y en particular a las necesidades de inversión derivadas de la recuperación» digital y verde. Una de las propuestas de este grupo reside en blindar este tipo de inversiones para que el dinero gastado en construir este nuevo modelo económico no contabilice como déficit público en las normas fiscales europeas, una especie de regla de oro.

En la misma línea que Moncloa se pronuncian París y Berlín. «No debemos matar el crecimiento», aseguró ayer el titular de Economía galo, Bruno La Maire quién defendió una vuelta «progresiva» a las sostenibilidad fiscal tras las ingentes acumulaciones de deuda favorecidas por la bula de Bruselas. «En crisis anteriores la inversión pública fue de las variables más afectadas. Esta vez tenemos que avanzar hacia un escenario en el que no haya recortes en inversiones públicas y se deje espacio», declaró el ministro de Finanzas de Portugal, Joao Leao.

Bruselas está dispuesta a cierta clemencia, pero no se sabe todavía hasta dónde y hasta qué punto el debate será sencillo en el propio colegio de comisarios. Hoy comienza el combate.