¿Cómo abaratar la factura de la luz sin tener que atacar a las eléctricas?

La mitad de la factura eléctrica viene explicada actualmente por los precios del mercado mayorista, mientras que la otra mitad son costes que no sólo no están relacionados con la generación sino que se hallan regulados por los políticos: peajes de transporte y distribución, déficit de tarifa, primas a las energías renovables o impuestos. En otros momentos, la distribución de la tarta de la factura eléctrica ha sido distinta: en 2020, por ejemplo, los precios del mercado mayorista únicamente representaban el 25% del recibo, pero la fuerte subida de este año los ha elevado hasta el 50%.

El Gobierno posee, pues, sólo un margen parcial para abaratar significativamente la factura en el corto plazo: la mitad del recibo (el precio de la energía) no entra dentro del ámbito de sus competencias y la otra mitad no puede hacerla desaparecer sin más. El coste del transporte y de la distribución de la electricidad se tiene que cubrir porque no es gratis; y el déficit de tarifa o las primas a las renovables son deudas que (por desgracia) contrajimos en el pasado y que ahora no podemos dejar de pagar. Como mucho, por tanto, el Ejecutivo podría aplazar esos pagos o bajar los impuestos, pero en ambos casos sólo supone un alivio transitorio (lo que no paguemos hoy, incluyendo los impuestos sobre la factura eléctrica, habrá que pagarlo mañana): eso no significa que no deban tomarse medidas temporales (por ejemplo, la recaudación por los derechos de emisión de CO2 se está incrementando y eso podríamos reinvertirlo en abaratar alguno de los componentes regulados de la factura), pero sí que el problema de fondo es otro.

¿Y cuál es ese problema de fondo? Que hemos optado por un modelo de generación eléctrica muy intermitente y, por tanto, muy dependiente del gas como tecnología complementaria. En particular, la potencia instalada de eólica, fotovoltaica y termosolar asciende a los 45.000 MW: si estas centrales estuvieran produciendo durante todo el año de manera ininterrumpida, tendríamos suficiente con ellas para abastecer toda la demanda eléctrica de nuestro país.

El problema es que no lo hacen y, por eso, necesitamos una tecnología de apoyo que sea rápida de activar (cuando las renovables no generen lo suficiente) y también de desactivar (cuando las renovables estén generando lo suficiente). Esa tecnología es el gas, cuyo precio se está disparando y es por tanto responsable de encarecer el mercado mayorista. ¿Hay alternativas? A corto plazo, los consumidores pueden apostar por tarifas que no los expongan a la volatilidad del mercado: las comercializadoras ofrecen muchas de ellas con precios fijos por MWh o con precios máximos.

El problema es que, a largo plazo, tienden a salir más caras: reducimos la volatilidad a costa de hacer frente a un sobreprecio. A medio plazo, confiar en que el gas se abarate internacionalmente o a que nuestra generación renovable no se mantenga tan inusualmente baja como durante los últimos meses. A largo plazo, o bien apostar por otro modelo de generación eléctrica (nuclear de tercera generación más hidroeléctrica para hacer frente a los picos de demanda) o bien por el desarrollo de tecnologías vinculadas al almacenamiento eléctrico (que nos permitieran distribuir la generación renovable a lo largo del día y del año). Como ven, no existen las soluciones mágicas, así que desconfíen de quienes las propongan.