Iberdrola y Endesa frenan su inversión en España y no acuden a la subasta de renovables

Iberdrola y Endesa han dado un serio aviso al Gobierno al no presentarse a la subasta de 3.300 megavatios de energías renovables (fundamentalmente eólicas y fotovoltaicas) celebrada hoy. Fuentes del sector aseguran a este diario que, al menos en el caso de Iberdrola, la no comparecencia se debe a la “incertidumbre regulatoria” que ha hecho que la compañía se “replantee las inversiones en España”.

Se trata de un toque de las eléctricas al “tijeretazo” del Gobierno, que con retoques cosméticos, seguirá adelante con la confiscación de beneficios de las grandes compañías hasta marzo de 2022 después de que el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, advirtiera hace unos días de que las inversiones de la compañía pendían de un hilo por la ofensiva del Gobierno.

iGalán indicó que solo con un marco regulatorio estable y predecible para las eléctricas continuarán las inversiones de su empresa en España, en respuesta a las medidas confiscatorias aprobadas por el Gobierno a las grandes generadoras para tratar de atajar la subida imparable del recibo de la luz. Galán calificó la actual situación en el mercado eléctrico español como «intervencionismo terrorífico», aunque expresó su confianza en que la situación se «pueda reconducir».

Ante ese «intervencionismo terrorífico», explicó que el aumento de la factura eléctrica es un problema a nivel mundial derivado de la subida continua del precio del gas natural y que no es culpa de las eléctricas ni del CO2. Por eso, las medidas unilaterales que ha tomado solo España llevan a la eléctrica a replantearse su política de inversiones.

El presidente de Iberdrola señaló que esta ausencia de rigor lleva a situaciones que «nadie desea, como paradas de parque eólicos o fotovoltaicos», porque «no son competitivos por la nueva regulación». El primer efecto del «decretazo» del Gobierno, que detrae ingresos del gas a instalaciones no emisoras (renovables, hidráulicas y nucleares) es la parada de la producción renovable y el aumento de las importaciones.

Ante esta situación, si nada cambia, «no queda más remedio» que una «parálisis» de las inversiones, como se ha cumplido hoy durante la subasta de 3.300 MW.

Iberdrola contemplaba una inversión bruta en el periodo 2020-2025 de 75.000 millones de euros, el 90% (68.000 millones) orgánicas. Más de la mitad del crecimiento orgánico (51%) iría a renovables y el 40%, a redes. Según ese mismo plan, se prevé un aumento del 60% de las inversiones en España, hasta casi 14.300 millones de euros, un 21% del total del grupo. De ese montante, 7.000 millones están destinados a renovables y 4.500 millones a redes. Como la inversión en redes está comprometida, son los 7.000 millones en inversión renovable los que podrían verse comprometidos.

Por su parte, Endesa ha explicado que la subasta obligatoria de energía que contiene el real decreto ley para 2022 (“que nos sustrae energía ya vendida a clientes”) y su posición corta en producción respecto a la cartera de clientes, que les obliga a comprar en el pool, hacen que su estrategia esté orientada hoy “prioritariamente” a promover su propia generación para suministrar a largo plazo a sus clientes.

Se trata de la segunda subasta realizada bajo la nueva metodología, consistente en pujar a la baja en el precio al que se ofrece producir la luz con las energías renovables, tras la realizada en enero, en la que se impuso un nuevo entrante, como Capital Energy. Esta firma logró 620 MW en dicha subasta, mientras que Iberdrola se hizo con 243 MW, Naturgy con 215, Acciona con 106 y Endesa con 50.

La nueva subasta, convocada por el Ministerio de Transición Ecológica a principios de septiembre, reserva 1.500 MW para eólica terrestre, 700 MW para fotovoltaica y 30 MW para fotovoltaicas de generación distribuida con carácter local.

La potencia subastada hoy deberá estar en funcionamiento antes del 30 de junio de 2024, con un cupo especial de 600 MW de disponibilidad acelerada que tendrá que estar operativo el 30 de septiembre de 2022, con el fin de incorporar nueva capacidad renovable en el sistema para coadyuvar en la rebaja de los precios de la energía.