Los empresarios amenazan con romper el diálogo social: “No se puede tocar ni una coma de la reforma laboral pactada”

El Consejo de Ministros aprobará mañana el real decreto que recoge la reforma laboral aprobada por los agentes sociales con el Ejecutivo, que modifica la aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y que entrará en vigor una vez sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del día 29. Con ello, se da cumplimiento a los compromisos adquiridos con Bruselas para presentar dicha reforma -junto a la del sistema de pensiones- en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que abre la puerta a la llegada de los fondos de ayuda europeos.

Tras prácticamente un año de intensas negociaciones, la semana pasada se logró cerrar un acuerdo -considerado como “histórico” desde Moncloa, aunque haya sido de mínimos en muchos aspectos- con las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos por el que se han implantado nuevas normas para la contratación temporal -se reducen los tipos de contrato a dos, el estructural y el formativo, se refuerza la definición y causalidad del contrato formativo y se aumentan las sanciones por incumplimientos, entre otras medidas- y se ha aprobado la prevalencia de la ultraactividad de los convenios o un nuevo modelo de ERTE.

Pero ante los rumores de cambios normativos en el texto final que se apruebe en el Consejo de Ministros y posteriormente en el Congreso de los Diputados -varios partidos que apoyan habitualmente las iniciativas del Gobierno (como ERC, Bildu o el PNV) ya han avisado que quieren cambios o votarán en contra-, los empresarios han advertido de que no permitirán que se “cambie ni una coma” del texto al que dieron su apoyo en el comité ejecutivo de la confederación empresarial -pese a que hubo disensiones internas y manifestaciones contrarias al acuerdo por parte de federaciones tan importantes como la de Madrid (CEIM), Cataluña (Foment), de agricultores (Asaja) o de la automoción (Anfac)-.

El propio presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que ha recibido numerosas críticas -públicas o no- de parte del empresariado por rubricar el acuerdo, ha advertido ante la tramitación parlamentaria de la reforma laboral, que “lo pactado no se toca. El Parlamento tiene legitimidad de aprobar o no, pero entonces no será nuestro acuerdo, será otra cosa”.

En concreto, el dirigente empresarial ha rechazado directamente la petición del PNV de que el convenio autonómico tenga prevalencia, Garamendi ha rechazado este punto que “rompería la unidad de mercado. Si esto entrara, nosotros nos salimos de ese pacto”, ha avisado.

Además, fuentes empresariales consultadas por LA RAZÓN han manifestado que si se cambiara alguno de los términos del texto definitivo que les enviaron y sobre el que dieron su visto bueno, el diálogo social quedaría roto, por lo que “no tendría sentido volver a sentarse a negociar. Por nuestra parte no volveríamos a sentarnos en ninguna mesa, sería una traición y un incumplimiento gravísimo sin precedentes. Si se firma un pacto hay que respetarlo y si la otra parte no lo cumple no sé para qué vamos a sentarnos más”. Inciden las mismas fuentes en que “se han tardado muchos meses en llegar a un consenso con un texto muy técnico en el que cada coma importa. No puede modificarse a la ligera”.

En declaraciones en Onda Cero, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hizo un llamamiento “a respetar el debate parlamentario” y recalcó que “es muy difícil decirle que no a una norma que recupera derechos de los trabajadores y mejora las relaciones laborales en España”. Sobre las declaraciones efectuadas por la CEOE, Díaz recordó que con otros acuerdos como la Ley Riders sucedieron episodios similares y al final salió adelante, por lo que ha instado a ser respetuosos con las fuerzas políticas. “Este es un acuerdo de país en pro del bien común”.