La «robusta» recuperación anunciada por el Gobierno que nunca llegó

Las campanadas que pusieron fin al año 2020 sonaron a renacimiento, a pandemia pasada y a recuperación económica. Pero 12 meses después, la «robusta» recuperación anunciada por el Gobierno ha quedado como mucho en «tímida», a tenor de los indicadores macroeconómicos, a las previsiones de los principales organismo e instituciones económicas –nacionales e internacionales– y a una inflación desbocada por los precios de la energía, los carburantes y las materias primas. Con estos antecedentes, la situación de la economía, presente y próxima, sigue en entredicho.

Mucha presión lleva acumulando el Gobierno durante las últimas semanas del año, después de que instituciones, organismos y supervisores hayan rebajado significativamente sus previsiones para España este año y el que viene. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se había resistido a aceptar que el FMI, la OCDE, el INE, la AIReF, varios bancos, el IEE o Funcas remendaran el crecimiento marcado por el Ejecutivo, establecido en el 6,5% para este año y el 7% para el que viene. El último en hacerlo –al filo del cierre del año– ha sido el Banco de España, que ha dado otro serio revolcón al Gobierno, tras rebajar hasta el 4,5% el crecimiento en 2021 –casi dos puntos menos–, un 5,4% en 2022, un 3,9% en 2023 y un 1,8% en 2024, todo por debajo de las proyecciones macroeconómicas iniciales.

Pero ninguno de estos golpes, sufridos uno tras otro, han hecho desviar lo más mínimo el camino marcado por Nadia Calviño a las estimaciones de su Ministerio. Mantiene imperturbable su cuadro macroeconómico, con el que elaboró los Presupuestos Generales del Estado para 2022, pese a que esos dos puntos de diferencia marcados por el supervisor tienen una repercusión directa en las cuentas públicas, que se hicieron en base al citado crecimiento del 6,5%. Esto significa, que se apunta ya de inicio un desvío de 24.000 millones de euros en las cuentas. Una cifra que empeora aún más si la comparativa se realiza sobre la previsión inicial más optimista presentada por el Gobierno –que marcó un crecimiento en 2021 del 9,8%, contando con la llegada de los fondos europeos–. Por tanto, la desviación que se habría producido sobre esa estimación inicial alcanzaría ya los 64.000 millones, al ver reducido el incremento del PIB en 5,3 puntos.

La evolución del PIB dependerá en buena medida de la capacidad del Ejecutivo para acelerar el despliegue de los fondos europeos y del impacto negativo que en la economía pueda tener la situación epidemiológica, así como la persistencia de elevadas tasas de inflación y de cuellos de botella en la cadena global de suministro. Para superar esta pared, el Gobierno ya cuenta con los primeros desembolsos de la Unión Europea por importe de 19.000 millones de euros en 2021, y España prevé recibir otros 18.000 millones en 2022, aunque el importe consignado en los Presupuestos alcanza los 26.900 millones. Según las cuentas de Hacienda, ya se habrían distribuido entre comunidades autónomas y entidades locales 15.000 millones, un 73% de lo presupuestado este año.

Precisamente, la reforma del sistema de financiación autonómica sigue pendiente desde 2014 y el año próximo podría por fin resolverse el melón de la reforma fiscal. El Gobierno quiere modificar el sistema para compensar –al menos en teoría– a las autonomías infrafinanciadas y para abordar una homogeneización de los impuestos que se pagan en cada región para evitar supuestas desigualdades –un claro ataque a la independencia fiscal que propugnan y defienden comunidades como Madrid–.

Otras dos sombras oscurecen el futuro: deuda y déficit. La deuda del conjunto de las administraciones públicas está situada en cifras récord, 1,42 billones de euros, el equivalente aproximado al 121,2% del PIB, lejos del objetivo del Gobierno de cerrar el año en el 119,5%, casi dos puntos por encima. Pese a ello, Calviño insiste en que la deuda pública cerrará el año en el objetivo fijado. En cuanto al déficit, el Banco de España espera que el país cierre el ejercicio 2021 por debajo del 8,4% previsto inicialmente, todavía muy lejos de la previsión del Gobierno, que pasa por rebajarlo al 5%, más que nada, por las malas previsiones iniciales por el efecto de la sexta ola y el repunte de la inflación, que para nada está ayudando a la recuperación que desde hace meses parece no tener freno.

España cerrará el año con una inflación media en el entorno del 3%, muy por encima de lo que auguraba la Comisión Europea, del 1,3%, y ha tenido que actualizar su cálculo para elevarlo hasta el 2,6%, cuatro décimas menos que en el caso español. Los altos precios de la energía y los carburantes se suman al progresivo encarecimiento de las materias primas, que está martirizando sectores claves en España.