Los peritos judiciales ratifican que Plus Ultra no cumplía los requisitos para recibir la ayuda del Gobierno

El careo entre los peritos que defienden que Plus Ultra cumplía los requisitos para beneficiarse de la ayuda del Gobierno de Pedro Sánchez y los que, por contra, consideran que cerró 2019 asomándose ya al abismo de su disolución, no ha alterado el escenario procesal que debe valorar la jueza Esperanza Collazos antes de decidir si sigue adelante con la investigación o archiva la causa.

Durante tres horas y media, unos y otros desgranaron sus argumentos ante la instructora y respondieron tanto a las preguntas de ésta como a las que les formularon por un lado la Fiscalía y Abogacía del Estado, que ya han pedido el archivo de las diligencias, y, por otro, PP, Vox y Manos Limpias, que fue quien denunció los hechos en los juzgados.

En el trasfondo de la investigación, los 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a la compañía aérea de capital venezolano en marzo del pasado año. Una inyección que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI reservaba a empresas zarandeadas por la crisis económica causada por la pandemia.

Pero, ¿estaba ya en crisis Plus Ultra con anterioridad? Ésa es la principal incógnita que debe despejar la magistrada antes de decidir si da carpetazo a la investigación o continúa adelante y llama a declarar al representante legal de Plus Ultra y a la ex cúpula de la SEPI: su actual vicepresidente, Bartolomé Lora, y todo el Consejo de Administración que avaló el rescate, unas comparecencias que la responsable del área jurídica de Vox, Marta Castro, ya anticipó al concluir el careo que solicitará a la instructora.

Un careo “muy pacífico”

Según fuentes jurídicas, durante el careo -que califican como “muy pacífico” (la aridez de los argumentos tampoco invita a grandes pasiones)- los peritos del despacho de abogados Martín Molina (a quienes recurrió el juzgado para intentar despejar las dudas sobre la situación real de la compañía) reiteraron “de forma taxativa” que cuando Plus Ultra cerró 2019 se encontraba incursa en “causa de disolución”. O lo que es lo mismo: que su zozobra financiera no fue consecuencia de la crisis económica causada por la Covid-19, por lo que no tendría derecho a esa ayuda millonaria del Gobierno.

Según esas mismas fuentes, los peritos independientes insistieron en que aunque es cierto que la compañía aérea “tenía actividad, arrastraba pleitos pendientes y deudas aplazadas con la Seguridad Social”. En esa misma línea, han defendido para justificar su situación de crisis económica ya en diciembre de 2019 (más de un año antes de que la pandemia empezara a hacer estragos en la economía) que arrastraba pérdidas económicas de ejercicios anteriores y que el hecho de que tuviera que recurrir a un préstamo participativo de 6,3 millones de euros, del banco panameño Panacorp (clave en la radiografía financiera de la compañía), era indicativo de que no atravesaba una buena situación económica. De hecho, el debate entre los técnicos ha girado en relación a este préstamo, sobre la venta de un avión y acerca de las provisiones de fondo efectuadas por Plus Ultra.

La controversia, en todo caso, no se ha resuelto con el careo, pues como era de esperar los peritos no se han movido un ápice de sus conclusiones. Los que firmaron el informe de Deloitte y Daiwa Corporate Advisor (DCA) aportado por Plus Ultra -y avalado por la SEPI- siguen defendiendo que la aerolínea cumplía con todos los requisitos para ser merecedora de la inyección millonaria. “La sociedad Plus Ultra no estaba en causa de disolución. Era viable y no estaba en crisis y, por tanto, era elegible para recibir ayudas del Estado”.

La Abogacía se queja del “sesgo retrospectivo” del informe

De hecho, durante la comparecencia de los peritos la abogada del Estado se ha quejado de lo que ha denominado “sesgo retrospectivo” en las conclusiones de los peritos judiciales, por tener en cuenta los resultados de ejercicios anteriores para justificar la presumible situación de crisis de la compañía. Por su parte, según las fuentes consultadas la Fiscalía ha hecho hincapié en que se trata de dilucidar si los hechos justifican un procedimiento penal (haciendo alusión de modo implícito al principio de intervención mínima del derecho penal).

Para la abogada de Vox, Marta Castro, la comparecencia de los peritos demuestra que el plan de viabilidad de Plus Ultra era “absolutamente irreal”. Tras finalizar el careo, la letrada ha reiterado su convicción de que la aerolínea llevó a cabo un “maquillaje de balances” y ha defendido que su situación económica era ajena a la crisis provocada por la pandemia, por lo que no tenía derecho a percibir la ayuda y provocar lo que ha definido como una “distorsión en el mercado”. De hecho, ha asegurado que sus planes de viabilidad se fueron adaptando “a indicación de la SEPI”, que de esta forma -denuncia- “facilitó” la concesión de la polémica ayuda de forma “irregular”.

Vox considera “relevante” que a consecuencia del préstamo participativo con Panacorp, suscrito en diciembre de 2017, la compañía panameña -”con vinculaciones personales con el régimen de Maduro”, señala- “acabe siendo socio de Plus Ultra”