La Fiscalía reclama el desbloqueo del rescate de Plus Ultra, “imprescindible” para su supervivencia

La Fiscalía ha pedido a la magistrada que paralizó de forma cautelar el segundo préstamo pendiente del rescate de la aerolínea Plus Ultra, de 34 millones, que desbloquee ese desembolso al no apreciar indicios de conducta delictiva alguna en la concesión de la ayuda de 53 millones de euros por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el pasado enero.

En la línea de lo solicitado por la compañía aérea -que pidió a la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collados, la revocación de la medida-, el Ministerio Público considera que “no está acreditado en modo alguno, a la vista de las actuaciones practicadas, la existencia de delito, ni de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o fraude de subvenciones y por tanto, tampoco la necesidad de adoptar medida cautelar alguna”. Además, resalta que la ayuda pública “es imprescindible para el mantenimiento de la compañía”.

Y recuerda que un informe del pasado día 5 de la Intervención General de la Administración del Estado “concluye que la concesión y desembolso del préstamo a Plus Ultra no supone un quebranto patrimonial” para el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee).

Para la fiscal María Luisa Llop, dado que el rescate aprobado consta de dos préstamos de 19 (ya concedido) y 34 millones de euros (cuya concesión estaba prevista esta misma semana y que fue paralizado por orden judicial hasta que Plus Ultra justificase su necesidad) “solo en el momento en el que se incumpliera el vencimiento de la obligación de devolución, se podría producir un daño real y efectivo susceptible de ser evitado con la medida cautelar cuya suspensión se insta”.

Mecanismos “importantes” de control

Además, la Fiscalía -que esgrime también al decisión del Tribunal de Cuentas de no investigar el rescate al no ver indicios de un desvío contable- hace hincapié en que si finalmente se desbloquea la medida y se autoriza la concesión del préstamos participativo “existen mecanismos importantes de control” para garantizar su devolución. “En el propio contrato de otorgamiento de las ayudas se establecen una serie de garantías que se estiman adecuadas y suficientes para el adecuado cumplimiento de los objetivos de las mismas y preservación de los fondos públicos”, recalca.

Por un lado, asegura, “la gestión económica del fondo a través del Consejo Gestor estará anualmente fiscalizada y se podrá comprobar cualquier irregularidad en relación con la concesión de las ayudas”. Y, por otro, señala que “existen asimismo garantías adicionales para la restitución de los préstamos debidamente pormenorizadas en el Plan de Viabilidad aportado por la compañía”.

Entre estas últimas, añade, el préstamo participativo ahora paralizado “prevé una amortización a siete años, si bien se prevé una amortización anticipada en el caso de venta de activos, indemnizaciones por seguros y excedentes de caja respecto a los previstos en el Plan de Viabilidad”. Del mismo modo, están previstos -continúa la fiscal- “supuestos de vencimiento anticipado de la financiación en caso de incumplimientos de las condiciones impuestas o del Plan de Viabilidad”.

Pérdida de 400 empleos directos

La fiscal sostiene, en la línea de lo que recoge el plan de viabilidad que avaló el rescate, que el cese de la actividad de Plus Ultra “generaría una pérdida de empleo directa de más de 400 personas y afectaría de forma indirecta al empleo de 2.700 trabajadores”, por lo que el “impacto económico sería de 365 millones de euros en términos de facturación”.

Y recuerda que el préstamo participativo “tiene como objetivo cubrir las pérdidas ocasionadas por el Covid de los ejercicios 2020 –post-Covid-, 2021 y 2022”.

En el escrito en el que pide al juez que levante la medida, Plus Ultra argumenta que del total de los cerca de 50 millones de euros de pasivo del balance de la compañía aérea, “los clientes, por el pago anticipado de billetes de avión, y los acreedores comerciales, suponen un 80%, por lo que una eventual situación de iliquidez de la compañía dejaría a dichos colectivos como principales perjudicados”.