La Fiscalía reclama el archivo de la investigación por el rescate de Plus Ultra

La Fiscalía insiste en cerrar el “caso Plus Ultra”, la investigación de la millonaria ayuda de 53 millones de euros concedida por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea de capital venezolano a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el pasado enero. En un escrito remitido a la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collados, el Ministerio Público reitera que la compañía aérea cumplía con todos los requisitos para recibir esa polémica inyección económica.

La fiscal del caso, María Luisa Llop, vuelve a dar este paso después de que un informe pericial elaborado por orden judicial haya concluido que Plus Ultra cumplía en esas fechas “con la práctica totalidad de las condiciones establecidas, a pesar del amplio espectro de alguna de las mismas”, con una salvedad, “si la sociedad se encontraba, o no, en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019″.

Esas dudas que constan en el informe pericial sobre la situación patrimonial de esta línea aérea, realizado por Martín Molina Abogados y Economistas SLP, se refieren -señala la Fiscalía- “a la existencia de un préstamo participativo, a no haber registrado provisiones, cancelación de la deuda de los bonistas y posible situación de insolvencia”. Y es que, recuerda el Ministerio Público, de los cuatro escenarios posibles que contempla el perito, dos “no permiten colegir que la sociedad estuviera en crisis en la fecha referida, por lo que no en todos esos escenarios se cumplirían la totalidad de las condiciones establecidas.

Pero para la acusación pública en ese informe “no existen en las conclusiones del mismo elementos contundentes que permitan cambiar el criterio” expuesto con anterioridad por la Fiscalía a favor del archivo de la causa.

Esgrime otros dos informes periciales

La instructora -que llegó a paralizar de forma cautelar el segundo préstamo pendiente del rescate, de 34 millones de euros- encargó este informe el pasado junio para esclarecer si la compañía cumplía en el momento de la concesión de la subvención pública la normativa aplicable. Entonces, subraya, “contábamos con dos informes de expertos independientes que con base en la información aportada por registros públicos avalaban la concesión de la ayuda”.

La Fiscalía recuerda que ya en esas fechas defendió que “para determinar si la actuación por la que se siguen estas diligencias previas ha sido o no correcta, y en su caso si encaja en alguno de los tipos penales por los que se formula querella, era imprescindible conocer la normativa y si el expediente íntegro de la concesión de ayuda a la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas se sujetaba a la misma”.

Y una vez analizado este último informe, concluye, el Ministerio Público deja claro que “mantiene” su criterio de solicitar el sobreseimiento de las actuaciones.

El pasado julio, la Intervención General de la Administración del Estado concluyó que la concesión del préstamo a Plus Ultra no supuso “un quebranto patrimonial” para el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), a través del cual se gestionó esa inyección económica.

La Fiscalía ha defendido en todo momento que la compañía cumplía con los requisitos para percibir ese préstamos participativo cuyo objetivo era “cubrir las pérdidas” ocasionadas por la pandemia entre 2020 y 2022. El cierre de Plus Ultra, esgrimió, habría ocasionado “una pérdida de empleo directa de más de 400 personas” y afectado de forma indirecta al empleo de 2.700 trabajadores, por lo que estimó en 365 millones de euros el agujero ocasionado en términos de facturación.