La sangría de los súper: 1.300 millones perdidos por el paro

La huelga de transportistas está tensando como nunca la cadena agroalimentaria. Tan complicada es la situación, que «la cadena está incluso más tensionada que en los peores momentos de la pandemia», según advirtió ayer el presidente de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab), Mauricio García de Quevedo, durante una rueda de prensa conjunta que ofrecieron las patronales de esta industria para valorar el paro. El sector admitió que faltan determinados productos por problemas con las materias primas y los embalajes, pero también quiso lanzar un mensaje de tranquilidad porque, en general, «podemos garantizar que los productos van a llegar a las tiendas», según explicó José María Bonmatí, director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo (Aecoc). Felipe Medina, secretario general de la patronal de supermercados Asedas, secundó a Bonmatí y pidió «tranquilidad» porque, según aseguró, están reorganizando surtidos con proveedores y con la industria «para que se puedan hacer compras completas». Eso sí, Aurelio del Pino, presidente de Aces, también llamó a la responsabilidad de los consumidores para «no hacer compras masivas que complican todavía más la gestión del stock».

Que el abastecimiento esté más o menos asegurado no implica, en cualquier caso, que el paro no esté teniendo un coste muy importante para esta industria. Javier Millán-Astray, secretario general de Anged, aseguró que «los daños a la economía española son incalculables», aunque no quiso ponerlos unas cifras a las que sí se atrevió Medina, que calculó 130 millones de euros de pérdidas diarias a los supermercados por cada día de huelga, lo que arrojaría un saldo aproximado de 1.300 millones por los diez días de paros.

Eso sólo en la distribución. Porque aunque el resto de la cadena no ofrece cifras, la lista de empresas que cada día anuncian dificultades para seguir con su actividad no para de crecer. Ayer mismo, el consejero delegado de Gallo, Fernando Fernández Soriano, advirtió de que la compañía lleva «nueve días sin apenas servir nada desde su fábrica cordobesa», por lo que si esto sigue así «el stock que les queda a nuestros clientes se va a terminar rápido, en dos días como mucho».Desde Nestlé también admiten que sus plantas españoles se están viendo «seriamente afectadas» por el paro, si bien la compañía aclara que actualmente mantiene la actividad productiva en todas ellas. También las asociaciones representantes de la industria aceitera española, Anierac y Asoliva, comunicaron que, debido a la huelga del transporte, las empresas del sector se están viendo abocadas a cerrar sus instalaciones ante la falta de materia prima y material auxiliar para poder seguir operando. Una situación que ya amenaza seriamente con distorsionar el mercado interior, “dificultar su abastecimiento y hundir las exportaciones españolas”, indican en un comunicado conjunto.

Bloqueo de la economía

Ante esta sangría, todas las asociaciones del sector -Aecoc, Asedas, Aces, Fiab, Anged, Hostelería de España y Cooperativas Agroalimentarias- solicitaron de forma urgente al Gobierno que actúe y ponga fin a la huelga. La industria agroalimentaria considera que cada día que pasa, los costes y los riesgos «suben exponencialmente», por lo que no les parece de recibo demorar las posibles soluciones al problema. Además, añadieron, a los días que se tarde en resolver el conflicto hay que sumar después los que se tardará en normalizar la situación. «Reanudar la actividad llevará un tiempo, por lo que los efectos del paro se prolongarán más allá de cuando acabe», advirtió Agustín Herrero, director de Cooperativas Agro-alimentarias. Todo ello les llevó no sólo a pedir al Gobierno que actúe ya sino a pedir a los transportistas en huelga que reconsideren su actitud porque están «bloqueando la economía española» con las consecuencias que ello tiene, ha advertido Agustín Herrero.

A las críticas de la alimentación por la lentitud del Gobierno se sumaron ayer las de la CEOE y Cepyme. Ambas patronales criticaron la «inacción política» y exigieron al Gobierno «que clarifique y detalle con la máxima urgencia» las medidas que va a adoptar para frenar los costes energéticos y ante al bloqueo de las carreteras que ocasiona ya desabastecimientos y paraliza la actividad económica.

Las asociaciones de cargadores también arremetieron con dureza contra el Gobierno. Las organizaciones de este sector recalcaron que el tejido empresarial español se encontraba ya en una posición «muy delicada» y que numerosas plantas han tenido que parar la producción por la falta de suministros, por lo que advirtieron de que, de no actuar «rápidamente», se producirá un desabastecimiento de productos esenciales en el corto plazo, al que seguirá el cierre de empresas y la presentación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), como insinuó también el sector alimentario.