El Gobierno prorroga la prohibición de elevar la factura del gas en más de un 5%

El Gobierno ha anunciado que prorroga la prohibición de incrementar la factura del gas en más de un 5 % por trimestre para aquellos hogares que tienen contratada la tarifa regulada o TUR, una medida que está en vigor desde octubre. Así lo ha explicado este martes la vicepresidenta tercera del Ejecutivo, Teresa Ribera, quien ha subrayado que con esta decisión se pretende tener bajo control el aumento de la factura que pagan cerca de 1,5 millones de hogares y pymes.

La Tarifa de Último Recurso (TUR) la pueden contratar consumidores conectados a las redes de gas natural de baja presión con un consumo anual inferior a 50.000 kWh. El Gobierno aprobó un real decreto el 15 de septiembre para limitar durante el último trimestre de 2021 y el primero de 2022 la subida de la tarifa regulada del gas natural y evitar así que se disparara por el encarecimiento de los precios internacionales del gas natural.

Ribera también ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de que mantendrán la “flexibilidad” concedida en los contratos de suministro de gas de las empresas industriales con el propósito de que su impacto sea más “llevadero”. Además, ha apuntado que el Ejecutivo ha aprobado ya los cambios normativos necesarios para garantizar una reserva del 90 % de la capacidad de almacenamiento de gas de España para el 1 de octubre de cada año, tal y como se acordó en el Consejo Europeo de la semana pasada.

Según reiteró la ministra, el objetivo del Gobierno es negociar con la Comisión Europea “el precio más bajo posible” para el gas, con el fin de abaratar de forma significativa el precio de la electricidad. Además de esto, y entre las medidas vinculadas a la energía, el Gobierno ha prorrogado hasta el próximo 30 de junio las medidas fiscales aplicadas a la electricidad y ha prorrogado el recorte temporal a las centrales no emisoras de gas por sus ‘beneficios caídos del cielo’. Esta medida se aplicará a las revisiones y renovaciones de contratos, así como para los nuevos, con un tope de entre 67 y 70 euros.

En cuanto al bono social, se amplían las empresas obligadas a sufragarlo y se aplica una extensión automática para las personas que sean beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Respecto a las empresas con un consumo intensivo de energía, se aplicará una rebaja del 80% de los peajes, con un coste de 250 millones de euros, se aumentará la dotación para compensar los impuestos al CO2 y se establecerán ayudas específicas a los sectores más afectados. Otra medida es la actualización del sistema de retribución para las renovables acogidas a subvenciones (Recore), con una rebaja de cargos del sistema de 1.800 millones de euros.