Señala la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no tiene la más mínima intención de bajarles el IRPF a los contribuyentes que ingresen menos de 40.000 euros anuales –tal como propugna el PP– porque semejante rebaja impositiva también afectaría a los supuestos ricos, a quienes ganen más de 300.000 euros. Y es que, en efecto, una reducción de los tipos de los primeros tramos del IRPF beneficiaría a todo el mundo, en tanto en cuanto los contribuyentes más ricos también tributan, sobre una pequeña parte de sus ingresos, en los tramos más bajos del IRPF.

Lo que sin embargo deberíamos preguntarnos de entrada es cuál es el gran problema que le supone a Montero que todo el mundo vaya a pagar algo menos impuestos: no sólo las rentas bajas o las rentas medias, sino también las altas. Acaso la ministra de Hacienda podría replicarnos que si se reducen los impuestos a los ricos se perderán cantidades ingentes de recaudación que no podrán emplearse en gasto social.

Pero no: los impuestos máximos que se pagan hasta 40.000 euros de ingresos rondan los 10.000 euros, de modo que si se rebajara algo el IRPF apenas se devolverían unos pocos cientos de euros a cada ciudadano y, dado el muy escaso número de ricos que existen en España, la pérdida de recaudación agregada sería modestísima… desde el lado de los ricos.

No lo sería, en cambio, desde el lado de las más que agobiadas rentas medias y bajas: devolver unos pocos cientos de euros a más de diez millones de contribuyentes puede tener un coste superior a los 1.000 millones de euros. Pero ahí está el quid de la cuestión: Montero no quiere bajarles los impuestos a las rentas medias y a las rentas bajas no porque haya que bajárselos también a los ricos, sino porque no quiere bajárselos a las rentas medias y bajas. Sin más.

Pocas veces quedó tan claro que el manido discurso populista de «que paguen los más ricos» no deja de ser una excusa para anestesiar a la población y seguir justificando impuestos sangrantes sobre todo el mundo.