La deuda pública vuelve a dispararse y marca un nuevo récord en marzo con 1,45 billones

Nuevo récord histórico de la deuda pública del conjunto de las administraciones públicas marcó un nuevo máximo histórico en marzo al alcanzar los 1,45 billones de euros. Eso son 12.381 millones más que en febrero, para situarse el ratio de deuda en el 117,7% del PIB. Pese al ligero aumento mensual del 0,85%, en términos interanuales la deuda pública se ha incrementado en 60.875 millones, un 4,4%.

Como el habitual, el mayor importe de esta deuda corresponde al Estado, que se eleva ya a 1,27 billones de euros, 12.068 millones más que un mes antes, lo que equivale a un repunte del 0,96% y un incremento interanual del 5,3%. También aumentó sus números rojos la Seguridad Social, hasta los 99.187 millones, lo que supone un 16,2% más que un año antes. Por otro lado, la consolidación en el conjunto de las Administraciones Públicas -es decir, la deuda en poder de los diferentes subsectores que componen dicho sector- aumentó un 3,7% respecto al año anterior, hasta los 299.000 millones de euros.

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas creció hasta los 310.000 millones, con un reducido aumento interanual del 0,7%, y apenas 8 millones más que en febrero. También se ha producido un cambio de tendencia en la deuda de las corporaciones locales. Aunque sigue manteniéndose casi estable, se situó en 22.000 millones el mes pasado, lo que supone un 1,6% más que el saldo registrado en marzo de 2021 y 261 millones más que en febrero.

Con estas cifras, el alza mensual de este pasivo en marzo se debe casi exclusivamente incremento del endeudamiento del Estado, ya que la deuda de las comunidades, los ayuntamientos y la Seguridad Social se ha mantenido más o menos estable en el tercer mes del año

El saldo de la deuda de las Administraciones Públicas (AAPP) se ha presentado por el Banco de España según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). La deuda según el PDE es el concepto de endeudamiento utilizado en el ámbito del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y, habitualmente, en el análisis de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este concepto incluye los pasivos de las Administraciones Públicas materializados en efectivo y depósitos, valores representativos de deuda y préstamos, valorados por sus valores nominales (faciales) y excluidos los pasivos emitidos por Administraciones Públicas en poder de otras unidades del mismo sector (consolidación).