La OCDE recorta al 4,1% el crecimiento para España y dispara la inflación por encima del 8%

La guerra de Ucrania está desbaratando las previsiones que Gobiernos y organismos habían adelantado para 2022 y 2023. Ahora ha sido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la que ha hecho una corrección a la baja en su último informe semestral de Perspectivas Económicas y ha generalizado el pinchazo a casi todos los miembros, aunque ha sido especialmente severa con los países de Unión Europea, los afectados más directamente por el conflicto en Ucrania. Así, la Organización deja en el 4,1% el crecimiento para España este año, 1,47 puntos porcentuales menos frente al 5,5% que había estimado en diciembre, aunque la caída es aún mayor para Francia (1,83 puntos), Italia (2,09) y, sobre todo, Alemania (2,19).

Por tanto, la OCDE se muestra aún más pesimista que el propio Gobierno español, que con “una previsión conservadora” -como defendió la ministra económica, Nadia Calviño- dejó la progresión PIB este año en el 4,3% este año, dos décimas por encima. Pero donde existe una diferencia abismal es en la percepción del impacto de la inflación. Mientras Calviño mostraba su optimismo al prever un IPC del 2% a final de año, la OCDE lo multiplica por cuatro y los eleva más de seis puntos, hasta el 8,1%, por encima incluso de la corrección que ya había realizado la propia Comisión Europea, que a mediados de mayo proyectaba un índice de precios al consumo medio en 2022 del 6,3% para España. Al menos para 2023 espera que baje hasta el 4,8%. Además, advierte de que la inflación subyacente -que excluye el precio de los alimentos y la energía- se mantendrá sin cambios: en el 4,5% de media este año y e próximo.

Según incide el informe, “existe el riesgo de que el aumento de la inflación se consolide si se producen nuevas perturbaciones en el mercado de la energía o una mayor traslación a precios finales y los salarios”, es decir, resalta la necesidad de un pacto de rentas para “evitar efectos de segunda ronda”, como ya ha advertido el Banco de España en varias ocasiones. “La proporción de convenios con cláusulas de indexación salarial sigue siendo moderada, pero está aumentando, lo que pone de manifiesto la importancia de un acuerdo de los interlocutores sociales para repartir la carga y evitar una espiral de precios salariales”, subraya.

En esta situación de presión inflacionaria y alta incertidumbre, el informe detalla que va a provocar “la reducción del gasto y del consumo de las familias españolas” y a potenciar “los cuellos de botella en el aprovisionamiento de materias primas”, principalmente semiconductores, que “limitarán la inversión privada y las exportaciones de mercancías”, con lo que se moderará la demanda externa, pese a que “las exposiciones comerciales y financieras directas con Rusia y Ucrania son limitadas para España”.

Tampoco da buenas noticias sobre tasa de paro, porque pese a llevar dos años en línea descendente -tras reducirse del pico del 15,5% en 2020 al 13,6% en 2022-, volverá a subir tres décimas en 2023, hasta el 13,9%. En cuanto ala deuda pública, ésta bajará del 118,6% de 2021 al 115,6% en 2022 y al 113,1% en 2023, mientras que el déficit será del 5%, por debajo del 6,9% de 2021, y en 2024 bajará al 4,2%. Sin embargo, desde este organismo se considera que España debe realizar un “ajuste fiscal de forma gradual para equilibrar las cuentas públicas”, pero realizando al mismo tiempo un “apoyo temporal y focalizado” para proteger a los hogares y empresas más vulnerables ante los efectos de la alta inflación.

Asimismo, los expertos de la OCDE piden un “plan de consolidación fiscal”, que las medidas se “enfoquen en los colectivos más vulnerables y que se revise el gasto público “a medio plazo” para empezar a reducir gradualmente el déficit fiscal y la proporción de la deuda pública en el PIB. Por ello, llaman la atención sobre el mecanismo introducido en la reforma del sistema de pensiones para indexarlas al IPC. Aunque destaca que esta medida “apoyará los ingresos de los hogares”, al mismo tiempo que “aumentará el gasto público” y complicará la reducción progresiva de deuda y déficit.

Al menos sí que vio positivo que el ahorro registrado durante la pandemia, el paquete fiscal aprobado para mitigar los efectos de la guerra, la recuperación del empleo y la llegada de los fondos Next Generation “apoyarán la demanda interna”, que potenciarán el crecimiento apoyado en la recuperación del turismo, “debe tener un fuerte repunte con la finalización de las mayoría de las restricciones de la pandemia”.

Y en términos globales, la entidad con sede en París asume que el PIB mundial solo crecerá un 3% este año, 1,5 puntos menos con respecto a la previsión de diciembre, cuando la OCDE estimaba un crecimiento del 4,5%. También supone una reducción de cuatro décimas frente a las previsiones de marzo, cuando cuantificó de forma preliminar que el impacto de la guerra implicaría un crecimiento del 3,4%. “La magnitud de cuánto más bajo será el crecimiento y cuánto más alta la inflación dependerá de cómo evolucione la guerra, pero está claro que los más vulnerables serán golpeados más duramente. El precio de esta guerra es alto y debe ser compartido”, subrayó la economista jefa de la OCDE, Laurence Boone.

Las perspectivas para el conjunto de los países que forman parte de la OCDE también se han empeorado. El organismo piensa que el PIB conjunto de sus miembros crecerá un 2,7% este año, dos décimas menos que las previsiones de marzo y 1,3 puntos por debajo del crecimiento del 3,9% pronosticado en diciembre. El ‘think tank’ de los países desarrollados ha alertado también de que, pese a que los riesgos ya están alineados a la baja, “el precio de la guerra podría ser todavía más elevado”. Así, alerta de que el conflicto está alterando las distribución de alimentos y energía, lo que “elevará la inflación de forma generalizada a bienes y servicios y amenaza a los países de bajos ingresos”.