Nuevo agravio a los autónomos: el Gobierno reduce a la mitad su desgravación por planes de pensiones públicos

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves el dictamen del proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, que introduce incentivos fiscales para impulsar estos planes y que ahora seguirá su tramitación en el Senado. La norma fue aprobada finalmente sin el destope a las bases máximas de las cotizaciones, deshaciendo así la enmienda introducida la semana pasada en Comisión por error del PSOE.

Este proyecto de ley incorpora incentivos fiscales para impulsar los planes de pensiones colectivos, en línea con la recomendación 16 del Pacto de Toledo. Así, el texto suma incentivos para las empresas, de forma que las contribuciones empresariales al plan de pensiones no cotizarán a la Seguridad Social, con un límite de 115 euros al mes por trabajador (1.380 euros al año), lo que supone un ahorro de casi 400 euros por trabajador. También recoge incentivos para el trabajador, que podrá aportar más de lo que lo hace la empresa con unos límites que se establecen en función de la contribución empresarial. Asimismo, el proyecto establece una mejora en la deducción del IRPF para los autónomos. En concreto, este colectivo tendrá derecho a una deducción de 5.750 euros al año, más del triple de la vigente actualmente.

Sin embargo, el Ministerio otorga por un lado pero quita por otro. Así, varios partidos que no apoyaron estos planes de empleo remarcaron su negativa, entre otros motivos, por la discriminación que han vuelto a sufrir los autónomos, a los que solo se les ha otorgado capacidad para deducirse un 50% menos de sus aportaciones a los planes de empleo que los trabajadores del Régimen general, es decir, que tendrán menos de la mitad de incentivos fiscales que los asalariados.

El Gobierno pactó con la formación independentista PdeCat dejar en 4.250 euros estas desgravaciones por aportaciones a los futuros planes de pensiones de empleo por parte de los autónomos. Este agravio comparativo se sustenta que en que los trabajadores del Régimen General pueden disfrutar de un incentivo fiscal de hasta 8.500 euros. ATA eleva incluso a 10.000 euros esa desgravación “si se suma la aportación individual en las desgravaciones aprobada en los Presupuestos Generales para evitar un trasvase de contribuyentes de los planes de pensiones privados a los públicos”.

Desde ATA, denuncian que “esos 10.000 euros que pueden desgravarse los asalariados nacen de los coeficientes de aportación a la Seguridad Social tanto del empresario empleador (un 31,2%) y del asalariado (un 7,5%); que aproximadamente da un 40% sobre la nómina, pero la proporción no es equitativa. Han partido por la mitad el límite de aportación objeto hasta dejarlo en 4.250 euros, pero no han tenido en cuenta que las aportaciones a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia sólo son un 10% inferior que la suma de los asalariados y los societarios. La proporción exacta, si queremos ajustarla al criterio que el Ejecutivo ha marcado sería 7.650 euros, no 4.250 euros”.

Además, esta semana, los representantes de Escrivá presentaron una nueva propuesta para la reforma del RETA. En ella, ofrecieron un “paro” de autónomos adaptable a un esquema permanente que amplía los supuestos a los que poder acogerse. El primero supondrá hacer “estable y continua” la prestación extraordinaria aprobada durante la pandemia y vigente solo hasta el próximo 30 de junio. El segundo sería para dar cobertura a causas de fuerza mayor y los dos restantes se destinarían para causas económicas o cíclicas y a reestructuraciones sectoriales, a imagen de los nuevos mecanismos de ERTE RED para asalariados. En todos los casos se podrá acceder a esa ayuda por el 50% de la base de cotización durante seis meses sin periodo de carencia, siempre que se acredite una pérdida de facturación del 75%. Además, se ha planteado la equiparación de prestaciones para los padres con hijos con enfermedades graves o muy graves.

Por contra, el Gobierno mantiene sin cambios su propuesta para el nuevo sistema de cotización por ingresos reales, con los mismos 13 tramos y cotizaciones que en su última reunión y en la que plantea cuotas de entre 250 y 550 euros al mes para el periodo 2023-2025. El esquema contiene 13 tramos y 11 cuotas. La cuota más baja sería de 250 euros para autónomos con ingresos reales inferiores a 670 euros al mes; 260 euros al mes sería la cuota de los que tengan ingresos entre 670 y 900 euros; 270 euros para los que ganen entre 900 y 1.125 euros, y 294 (la misma que está vigente en la actualidad) para tres tramos, comprendidos entre los 1.125 y 1.700 euros. En los tramos más elevados son los comprendidos entre 1.700 euros y 1.900 euros (con una cuota de 400 euros); entre 1.900 y 2.230 euros (cuota de 440 euros); entre 2.230 y 2.760 euros (460); entre 2.760 y 3.190 (480); entre 3.190 y 3.620 euros (500 euros); entre 3.620 y 4.050 euros (520 euros), y a partir de los 4.050 euros de ingresos la cotización ascendería a los 550 euros. Por su parte, los autónomos societarios estarían situados en la cuota de 294 euros, siempre que sus ingresos no superen los 1.700 euros al mes.

Pese a la mejora de las condiciones para más de dos millones de autónomos, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha denunciado que las nuevas cuotas que van a pagar durante los próximos tres años subirán entre un 33% y un 90% a prácticamente un millón de autónomos. “Eso es algo inaceptable”.

Por su parte, Uatae también ha pedido al Ministerio que reconfigure a la baja los tramos para los trabajadores por cuenta propia con menores ingresos. “En el tramo bajo, alguien que gane 400 euros al mes paga no puede pagar una cuota de más del 60% de sus ingresos. No deben ser ellos los que carguen con la financiación del sistema, máxime cuando porcentualmente en el tramo alto el esfuerzo no llega ni al 15% de sus ingresos”.

El colectivo de autónomos también está esperando el destope de las bases máximas, que ahora mismo tienen topada para los mayores de 47 años. Fuentes de la negociación del sistema de autónomos explicaron a la LA RAZÓN que la intención de Escrivá es “eliminar este techo” para que los contribuyentes puedan cotizar por bases más altas y obtener así mejores prestaciones de jubilación. Eso sí, las mismas fuentes afirmaron que esta reforma se abordará pero “manteniendo estrictamente la contributividad del sistema”. Esta limitación de cotización que sufren muchos trabajadores por cuenta propia mayores de 47 años les impide cotizar por bases superiores aunque quieran porque la tienen limitada a 2.077 euros al mes hasta el momento de la jubilación, situación que siempre han calificado como “una injusticia”.