Rebelión en las autonomías por el reparto de los fondos de ayuda al transporte y por la reducción de rutas

Un nuevo foco de fricción del Gobierno con algunas autonomías se ha abierto tras la Conferencia Sectorial de Transportes celebrada entre el Ministerio de Transportes y los gobiernos regionales, en la que la ministra Raquel Sánchez ha confirmado la transferencia de 110 millones de euros en ayudas para abrir las convocatorias de ayudas para que las pymes inviertan en la mejora de la digitalización.

La polémica y el enfrentamiento ha presidido la mesa, en la que Sánchez ha informado sobre los cambios en los criterios de asignación de estos fondos, que ahora se fijarán en función de la población de cada región, en vez de por licencia para vehículos, como se había estipulado hasta ahora. Las comunidades con menos población como Galicia, Castilla y León o Castilla La Mancha -entre otras- perderían hasta un 30% de estas ayudas por el cambio de criterio.

Fuentes ministeriales confirmaron a LA RAZÓN que se había tomado la decisión de “hacerlo de este modo tras consultar con todos los sectores implicados, incluidas las comunidades autónomas”. La decisión se tomó tras comprobar que “muchos cargadores no tienen vehículos a su nombre, por lo que se ha considerado que el criterio poblacional es el más equitativo”.

En la reunión, la ministra también ha dado cuenta de las ayudas destinadas a los abonos de transporte, que se aprobaron en el Consejo de Ministros extraordinario, por las que se podrá reducir hasta en un 50% el precio de los abonos. Para ello, el Estado aportará el 30% del coste y las comunidades y ayuntamientos podrán ampliar la bonificación hasta el 50% si así lo consideran. Estas ayudas serán directas para los títulos multiviaje vendidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022 y cuya vigencia se enmarque en dicho periodo. En el caso de abonos de carácter anual adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, será cada Administración competente la que decida si habilita un sistema de devolución de importes para estos usuarios de la parte proporcional correspondiente. Para este paquete de ayudas de destinarán 200 millones de euros.

Aquí tampoco ha habido consenso. La ministra ha defendido también las ayudas al abono transporte, que han partido de criterios aprobados en 2019, cuando la situación era “más favorable que la actual”, porque la “demanda era superior”, por lo que entiende que la cantidad prevista será “suficiente. Los criterios van a responder a las necesidades. Tenemos todavía unos días para perfilar la orden ministerial, pero hemos hecho un cálculo favorable para las comunidades autónomas y los ayuntamientos”, ha incidido la titular de Transportes.

Desde el Ministerio se ha subrayado que el reparto de las ayudas se intenta hacer de una “forma sencilla y ágil”, porque el 1 de septiembre tiene que ser efectivo el descuento y tienen poco tiempo. “La metodología diseñada por el Ministerio para su implantación persigue especialmente que no suponga ningún tipo de gestión para el ciudadano y que se puedan aplicar con la mayor rapidez posible, con el espíritu de que las administraciones pongan al ciudadano en el centro y trabajen coordinadamente”, ha señalado Transportes en un comunicado. Algunos consejeros de transportes de gobiernos autonómicos -la mayoría del Partido Popular, pero no todos- han redoblado las críticas por culpa de las cuantías de las ayudas.

El tercero de los puntos de desacuerdo -el más enconado de la mesa- fue el nuevo mapa concesional de servicios regulares de transporte por carretera, que reduce las rutas de 966 a 510. Las comunidades con mayor incidencia de su población rural acusaron al Sánchez de perjudicar directamente al medio rural y potenciar la despoblación y la España vaciada. La ministra se ha comprometido a abordar en septiembre esta cuestión. Estas regiones le han pedido que trate el asunto del mapa de concesiones como “estructural” en un contexto en el que los precios de los carburantes “están disparados y siguen creciendo”, advirtió la consejera de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez

Andalucía será la región que más fondos reciba para la digitalización de las pymes del sector del transporte, con un importe total de 19,6 millones de euros, seguida muy de cerca Cataluña, con 18 millones, y Madrid, que recibirá 15 millones.