La patronal de las constructoras denuncia la “falta de rigor” de la CNMC en la multa por la trama del G7

La respuesta por parte de ACS, Acciona, Ferrovial, FCC, OHL y Sacyr a la multa impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sido rápida y contundente. El mismo jueves una vez conocida la sanción a los integrantes del G7, todas ellas ya adelantaron que recurrirían la resolución en la Audiencia nacional, “en los tienen plena confianza”. Ayer fue la patronal, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), que agrupa a muchas de las grandes compañías de construcción españolas, la que cargó contra el órgano regulador al acusarle de “falta de rigor” en su decisión, algo que ha perjudicado “muy gravemente y de forma injusta la reputación de las empresas afectadas”.

Seopan ha denunciado que el organismo ha prescindido de los elementos necesarios para demostrar sus acusaciones, basadas en “meras apreciaciones subjetivas, opiniones o sospechas”. Defiende que la resolución -que sanciona con 203,6 millones de euros a varias empresas del sector por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras- tiene una total “falta de rigor” y “vulnera el derecho de las empresas a la presunción de inocencia” e incurre en error al “valorar de forma equivocada las conductas investigadas como prácticas colusorias”, además de incumplir el principio de proporcionalidad al imponer unas sanciones “manifiestamente desproporcionadas”.

En su comunicado, la patronal recalca que la propia resolución se contradice en su texto ya que reconoce, expresamente, que las prácticas investigadas “no se han calificado de cártel por no tratarse de una colusión de las típicamente sancionadas por las autoridades de competencia”. Por tanto, entiende que “la CNMC reconoce que no se ha producido ningún acuerdo sobre fijación de precios o del reparto del mercado, como erróneamente se ha podido interpretar por algunos medios de comunicación”.

En este sentido, recuerda que no existe ninguna prueba que acredite que “la compartición de estos costes de licitación alterara la calidad de las ofertas técnicas que cada empresa presentaba separadamente o que existiera una ventaja de las empresas por compartir costes de licitación”. La patronal también rechaza que las seis empresas multadas -Acciona Construcción, Dragados, FCC Construcción, Ferrovial Construcción, OHL y Sacyr Construcción- hayan vulnerado la legislación de contratación pública, y acusa a la CNMC de realizar una interpretación “sesgada” de esta.

Al contrario, Seopan defiende que la práctica de reducción de costes que señala la CNMC “ha beneficiado de forma lícita a miles de licitaciones”, sin que se tenga constancia de un solo caso en el que la oferta haya sido rechazada, objetada o de alguna forma considerada irregular por alguna de las administraciones involucradas. La asociación recuerda el “gran esfuerzo” realizado durante los últimos años por las seis empresas afectadas en constituirse como “referente ético en el ejercicio de sus actividades, habiendo realizado importantes inversiones en recursos de toda índole para la mejora de todos sus procedimientos internos de prevención y control de comportamientos”.