España podrá descolgarse del acuerdo de la UE y reducir solo al 7% el consumo de gas

Los países europeos han llegado este martes un acuerdo para reducir el consumo de gas un 15%, con el objetivo de estar preparados para un posible corte total del suministro por parte de Rusia en los próximos meses. Este objetivo está sujeto a diferentes especificidades de cada país. De esta forma, el texto pactado por los ministros de Energía de los Veintisiete recoge la demanda española de que esta meta sea flexible. A pesar de las fuertes divisiones de la semana pasada, esta iniciativa ha salido adelante con la sola oposición de Hungría. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha subrayado que este acuerdo es un “paso decisivo” para hacer frente al chantaje ruso y que ha sido alcanzado en “tiempo record”.

La Comisión Europea propuso la semana pasada un plan voluntario para recortar en estos próximos 8 meses el consumo de gas en un 15% a partir del 1 de agosto según la media de consumo de los últimos cinco años durante el mismo periodo. Este objetivo puede volverse vinculante en caso de que peligre el suministro. Actualmente doce países europeos están ya sufriendo el corte total o parcial del gas por parte de Rusia.

Según el documento consensuado por los ministros de Energía de los Veintisiete reunidos de manera extraordinaria en la capital comunitaria, los países europeos pueden “solicitar una derogación para adaptar sus obligaciones de reducción de la demanda si demuestran que tienen conexiones limitadas con otros estados miembros y si demuestran que sus infraestructuras de exportación de su gas licuado nacional están utilizándose para redirigir gas a otros Estados miembros a su máximo nivel”. Unas palabras que se adaptan como un guante a la situación de España y Portugal. Según ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Demográfica, Teresa Ribera, esto supone que nuestro país podrá reducir aproximadamente la mitad de este 15%, alrededor de un 7%-8%.

Además, el texto pactado hoy es un traje también a medida para otros países. El acuerdo especifica que esta cifra no será obligatoria para aquellos Estados que no cuentan con infraestructuras suficientes de conexión del gas al encontrarse aislados– en clara alusión a Irlanda, Malta y Chipre- o cuyos sistemas eléctricos no están sincronizados con los Veintisiete ( guiño a los países Bálticos). Asimismo, el acuerdo político también incluye las especificidades de aquellos países “fuertemente dependientes” del gas para la producción eléctrica para evitar problemas de suministro; si sus industrias críticas dependen de este hidrocarburo; si su consumo de gas se ha incrementado un 8% este último año en relación a la media de los cinco años anteriores o si han sobrepasado su capacidad de almacenamiento.

A pesar de que este acuerdo puede parecer un queso gruyer lleno de agujeros, fuentes diplomáticas puntualizan que la derogación tan sólo será automática en el caso de Irlanda, Malta y Chipre y que el resto de países que quieran acogerse a ellas deberán recibir el visto bueno de la Comisión Europea. En el caso de España, será condición sine qua non que mantenga las fronteras abiertas para enviar el gas al resto. Asimismo, los países que quieran beneficiarse de la solidaridad de los demás, deberán presentar un plan de ahorro.

Otro de los grandes interrogantes reside en si todas estas excepciones harán peligrar la capacidad de respuesta europea si Vladimir Putin acaba cortando el gas. Según fuentes diplomáticas el objetivo del 15% se había fijado para ahorrar 25.000 metros cúbicos de gas. Una cifra tan sólo necesaria en caso de un invierno particularmente severo. Con la posibilidad de acogerse a estas derogaciones, las mismas fuentes aseguran que esta cantidad quedará por encima de los 30.000 metros cúbicos, la media para afrontar un invierno con unas temperaturas normales.

Tras las presiones de varios países, entre ellos España, en las últimas horas había ido fraguándose un acuerdo para suavizar los planes iniciales de la Comisión Europea. Uno de los aspectos más espinosos era también el poder del Ejecutivo comunitario para decretar este mecanismo obligatorio sin contar con el aval de las capitales europeas, lo que para una mayoría de países suponía extralimitarse en sus funciones. Finalmente, Bruselas necesitará la luz verde de países europeos por mayoría cualificada y podrá presentar una propuesta a instancias de cinco países europeos o por su propia iniciativa.