El dinero récord no le vale a Montero: las autonomías exigen fondos de compensación por la inflación o la infrafinanciación

Grifo abierto para regar de fondos a las comunidades autónomas. Al menos ese era el planteamiento del Gobierno, que ofreció ayer a los consejeros de Economía de cada una de las regiones españolas una cifra récord para su financiación. No quería que le acusaran de ser mezquino en un momento en el que las cifras de gasto del Estado marcan récords históricos, tras aprobar el mayor techo de gasto hasta la fecha en el último Consejo de Ministros. Por eso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, les ofreció ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera 134.336 millones de euros del sistema de financiación, lo que supone un aumento de 26.130 millones respecto al año anterior y un 24% más, máximo de la historia.

Según fuentes ministeriales, este incremento se explica porque las entregas a cuenta aumentan un 11%, hasta los 124.292 millones, y las liquidaciones positivas de 2021 alcanzan los 10.981 millones. Es decir, que las cantidades que Hacienda entregó ese año como adelanto fueron inferiores a lo que finalmente les correspondería con la recaudación obtenida y, por eso, el próximo año se les compensará por ese desfase. Desde el Ministerio de Hacienda no perdieron la oportunidad para lanzar un recado directo al Partido Popular al recordar que, incluyendo los datos de 2023, las comunidades autónomas «habrán recibido en los cinco años de Gobierno de Pedro Sánchez 178.750 millones más que en los últimos cinco años completos del Gobierno de Mariano Rajoy», lo que supone un incremento del 40% en la financiación de las autonomías. La propia Montero Montero destacó que «la previsión de crecimiento robusto para 2023» beneficiará a las comunidades tanto por los adelantos del sistema de financiación como a través del previsible buen comportamiento de sus impuestos propios.

La ministra también confirmó al Consejo su intención de flexibilizar el objetivo de déficit de las comunidades autónomas hasta el 0,3% del PIB en 2023, una cifra que pretende ser orientativa y cuyo incumplimiento no implicaría sanciones, ya que las reglas fiscales europeas se encuentran suspendidas y el Gobierno pretende mantener sin aplicación también las nacionales. Esas dos décimas más de margen permitirán a las comunidades autónomas una mayor capacidad de inversión en la prestación de servicios públicos de calidad. Será la Administración Central quien asuma esas dos décimas y, por tanto, tendrá una tasa de referencia más exigente, al pasar de un déficit del 3,4% en 2023 incluido en el Programa de Estabilidad a una tasa del 3,2%. De esta forma, el Estado asumirá gran parte del coste derivado de las consecuencias de la invasión de Ucrania, como también hizo en ejercicios anteriores para amortiguar los efectos de la Covid-19 en el resto de subsectores.

También les informó sobre el techo de gasto aprobado en el último Consejo de Ministros, el primer paso para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año que viene, y de los anticipos a cuenta del sistema de financiación autonómica que se incluirán en los Presupuestos.

Pero tanta supuesta generosidad no ha sido suficiente para conformar a los gobiernos regionales, que volvieron a apelar a sus necesidades imperiosas de fondos para reclamar un mayor esfuerzo financiero y que se cumpla con la promesa de reformar el sistema de financiación autonómica.

Y estas reclamaciones se hicieron sin distinción de signo político. Consejeros socialistas y populares coincidieron en reclamar fondos de compensación, aunque por motivos diferentes. Mientras que las comunidades gobernadas por el PSOE reclamaron un fondo extraordinario para paliar los efectos de la inflación, las que están bajo control del PP centraron su exigencia en un fondo de transición hasta que se apruebe el nuevo sistema de financiación, sobre el que volvieron a demandar la necesidad de su aprobación.

Los consejeros económicos de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Baleares y Canarias hicieron frente común para plantear a Montero que ponga en marcha un «fondo antiinflación» para hacer frente a la adversa coyuntura económica provocada por el impacto del despegue imparable de los precios.

Por su parte, las comunidades populares cargaron contra la «infrafinanciación que sufren algunos territorios», además de recordarle a la ministra que la reforma del sistema de financiación «debe hacerse cuanto antes». Así lo expuso la consejera de Economía de Andalucía, Carolina España, que reclamó un fondo de transición hasta que se apruebe el nuevo sistema «que equilibre de alguna forma esa infrafinanciación, y que debería tener en cuenta en su cuantificación la deuda acumulada por esa mala financiación en cada una de las comunidades», que en el caso andaluz «podría ser de unos 9.000 millones de euros».

En lo que sí coincidieron todos los representantes regionales fue en la necesidad de reformar el modelo de financiación autonómica, algo que no se logrará en esta legislatura, por lo que mientras se consigue consensuar una reforma de este sistema pidieron que se ponga en marcha algún tipo de fondo o de mecanismo de compensación similar al fondo covid que compense tanto la infrafinanciación como el coste adicional de la subida de precios.