Escrivá cede a la presión y descarta ampliar el periodo de cálculo de la pensión a 35 años

La subida de las bases máximas de cotización del sistema y el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación han saltado a la palestra de la negociación del nuevo bloque de la reforma de sistema de pensiones que Gobierno y agentes sociales (patronal y sindicatos) han iniciado hoy. Cerrada ya la primera fase -incluido el cambio del régimen especial de autónomos-, el Ministerio ha presentado sus propuestas para intentar cumplir con los dos hitos comprometidos con Bruselas para este año en el Plan de Recuperación.

Para ello, los representantes ministeriales han puesto sobre la mesa una subida gradual de la pensión máxima para ir igualándola “poco a poco con el resto de prestaciones de los países de nuestro entorno”, explicaron a LA RAZÓN fuentes ministeriales. El mismo ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, reconoció hoy que la que se paga en estos momentos es “relativamente baja” en comparación con la de otros países y que su propuesta pasa por elevarla “de forma suave” al tiempo que se incremente la base máxima. El objetivo ministerial es introducir una “mayor equidad” a la hora de calcular la pensión de los trabajadores. Escrivá defiende que muchos -uno de cada tres afiliados a la Seguridad Social, según sus cálculos- la ven mermada porque sus últimos años de cotización no son los mejores.

De igual modo, su intención es aumentar los ingresos del sistema en las décadas de los 30 y los 40, que es donde el sistema sufrirá “más de tensión demográfica”, ya que aumentará la recaudación en términos de cotizaciones sociales, lo que “garantizara la sostenibilidad del sistema”.

Pare ello, el ministro no se ha movido mucho de su posición en sus conceptos de elevación de la base máxima de cotización y de la pensión máxima, ya que es uno de los elementos que incluyó en su Plan de Recuperación, dentro del llamado componente 30, que proponía aprobarlos antes de finalizar este año, aunque su implementación abarcaría hasta el año 2050. Pero, ante la presión de la oposición, los agentes sociales e incluso de Podemos, sí que ha tenido que desestimar ampliar de 25 a 35 años el periodo que se toma en cuenta para determinar la cuantía de la pensión, “porque los mejores años de cotización ya no son los últimos de la carrera laboral, como sí sucedía en las carreras tradicionales”, defiende Escrivá. “Tenemos que discutir con los agentes sociales cuál es la mejor combinación de estos tres elementos para que el sistema sea más equitativo y más justo, ha manifestado a RNE.

Fuentes cercanas a la negociación informaron a este periódico que tanto patronal como sindicatos esperan que el Ministerio concrete periodos y ritmos de esta subida de la base máxima en la próxima reunión. Los sindicatos ven abierto el camino para “actuar” sobre las bases, pero los empresarios quieren negociar que dicho incremento lleve aparejado otro de la pensión máxima, algo que los sindicatos aceptarían pero con otros baremos y con otros tiempos de aplicación.

Otro punto de discusión puesto sobre la mesa por la patronal ha sido la eventual revisión el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que pactó el Gobierno hace casi un año solo con los sindicatos y que implica un incremento de las cotizaciones sociales durante los diez próximos años. El MEI prevé un aumento de las cotizaciones sociales en 0,6 puntos porcentuales con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Para las empresas, el nuevo mecanismo implicará tener que subir sus aportaciones en 0,5 puntos, mientras que el 0,1 restante saldrá del bolsillo de los trabajadores, algo que provocó la negativa de la patronal a firmarlo, por lo que fue aprobado solo con el apoyo de los sindicatos y el rechazo empresarial.

Las organizaciones sindicales también han puesto sobre la mesa otras propuestas, como el alza de las pensiones mínimas, el desarrollo de la Agencia de la Seguridad Social, un registro unificado de parejas de hecho para el acceso a la pensión de viudedad y la inclusión en todos los sectores del contrato de relevo aplicado en la industria manufacturera, para fomentar la contratación de personas que sustituyan a quienes acceden a la jubilación parcial.

Tras esta primera toma de contacto, el Gobierno y agentes sociales se han emplazado a estudiar lo presentado para seguir negociando los puntos pendientes. Según fuentes consultadas por LA RAZÓN, el objetivo del Gobierno es que este bloque de la reforma esté concretado antes de final de año y que los cambios normativos se tramitarán en forma de proyecto de ley, por lo que los plazos se acortarán aún más.