Escrivá quiere destopar la pensión máxima, ligarla al IPC y sumarle una bonificación desde 2025

La última propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sigue sin convencer a los agentes sociales, aunque por distintas razones. Mientras la patronal CEOE ya advierte que será “de entrada difícil” en la reforma del sistema de pensiones porque “llega tarde”, con apenas un mes de margen para que expire la fecha de presentación en Bruselas, y porque “no entendemos el papel que estamos jugando los agentes sociales”, los sindicatos (CC OO y UGT) la califican de “claramente insuficiente” y, de antemano rechazan ya la extensión del periodo de cálculo de la prestación a 30 años. “No es una medida necesaria, no genera consenso para su aprobación” y es la única medida que se ha puesto sobre la mesa “que no es una recomendación del Pacto de Toledo”, defienden. La opción de descartar los dos peores años cotizados, es decir, que la pensión se calcule con los mejores 28 de cotización dentro de un periodo total de 30 años, no los ha convencido.

Pese a ello, el Ministerio ha intentado contentar tanto a sindicatos como a patronal. Para los primeros les ha planteado una mejora en el tratamiento de las lagunas de cotización para los trabajadores -principalmente mujeres- cuya carrera de cotización se haya visto minorada tras tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género. También, un tratamiento especial para las lagunas de cotización del colectivo de autónomos. Pero, de momento, solo ha recibido una respuesta sindical negativa. “Se ha equivocado en su propuesta”, insisten.

En cuanto a la patronal, Escrivá se ha abierto a destopar las bases máximas de cotización, que afectan a las pensiones más elevadas. Así, ha propuesto la posibilidad de vincular su evolución al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC, además de un incremento adicional anual entre 2025 y 2050. Esto significaría una subida inmediata de la pensión máxima. Aún así, las pensiones más altas del sistema subirían durante los últimos 25 años que abarca la reforma en menor proporción que las aportaciones a la Seguridad Social de los trabajadores que cobran sueldos más elevados -los que cotizan a partir de los 4.139 euros al mes brutos-. Con ello, Escrivá confirma su intención de plantear abiertamente el destope gradual de la pensión máxima.

Según consta en el borrador entregado a los agentes sociales, las pensiones contributivas -incluido tanto el importe de la pensión mínima como el importe de la pensión máxima- “se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual porcentual del IPC de los doce meses previos a diciembre del año anterior”. Además, en una disposición transitoria añadida, establece una bonificación adicional de 0,115 puntos en el importe de la pensión máxima a partir de 2025, que “se aplicará igualmente en los ejercicios de IPC negativo”. A partir del año 2050, fecha máxima del alcance de esta reforma, tendría que volver a negociarse “para determinar el importe de la pensión máxima inicial se aplicará cada año un incremento adicional, que se establecerá en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, hasta alcanzarun incremento real acumulado del 30%”.

Desde el Ministerio subrayan que este planteamiento es solo un “punto de partida”, abierto a “nuevas aportaciones” de la mesa de diálogo social, que volverá a reunirse la próxima semana para “seguir avanzando” para llegar a un acuerdo que culmine el Componente 30 del Plan de Recuperación, que tiene como principal objetivo fijar la adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación y hacer lo propio con la base máxima de cotización del sistema.