El comité de expertos de Díaz propone subir el salario mínimo en 2023 hasta 1.082 euros y que se revise en seis meses

Por fin se sabe cuál será la horquilla sobre la que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, negociará con los agentes sociales la subida del salario mínimo interprofesional para 2023: entre 1.046 y 1.082 euros. Esta es la conclusión principal del informe encargado al comité de expertos para este incremento, actualmente en 1.000 euros brutos mensuales en 14 pagas. Así, el empujón salarial del SMI para 2023 se situará entre el 4,6% y el 8,2%, lo que situaría esta retribución en un máximo de 1.082 euros brutos mensuales en 14 pagas frente a los 1.000 euros vigentes.

El informe presentado en el Ministerio de Trabajo establece cuatro posibles subidas que parten desde ese 4,6% que situaría el SMI en 1.046 euros. Tras esta subida se proponen dos escenarios intermedios del 5,4% hasta 1.054 euros y 6,6% hasta 1.066 euros, para terminar en ese alza del 8,2% hasta 1.082 euros. En su informe de junio de 2021, el grupo de expertos planteó solo tres escenarios para el SMI a tres años, en los que la subida más alta lo situaría en 1.049 euros brutos en 2023. Ahora lo ha elevado hasta 1.086 euros en su horquilla superior, aunque con la advertencia de que deberá revisarse en seis meses para actualizar el impacto que tenga de la inflación, es decir, actualizarlo de nuevo con el IPC de mediados de año.

La coordinadora de la Comisión, Inmaculada Cebrián, ha explicado que el salario medio neto en 2020 fue de 1.856 euros y que, a partir de ese valor, se obtiene que el SMI en 2020 debería haber sido de 1.035 euros. Con este punto de partida, los expertos han usado dos fuentes distintas para estimar los incrementos del salario medio de 2021 y 2022, la Encuesta de Coste Laboral y la de convenios colectivos, paso previo a establecer su propuesta final para el año 2023.

Tanto Díaz como Cebrián han justificado esta subida en la presentación. La ministra ha recordado “el mandato del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que pide tener en cuenta factores como la inflación, la productividad, la participación de las rentas salariales en la economía y la coyuntura económica”, mientras que la coordinadora ha destacado que las subidas del SMI son una medida “útil para luchar contra la desigualdad y la pobreza”.

Díaz, que ha evitado posicionarse sobre la cifra que va a plantear a la espera de reunirse con los agentes sociales, sí ha confirmado que los convocará “de inmediato” -el próximo miércoles- para tratar de alcanzar un acuerdo sobre esta subida, aunque no es preceptivo que se alcance ningún consenso, ya que el Gobierno tiene la potestad de decidir de forma unilateral este incremento al estar sólo obligado a informarles y consultarles.

Pese a ello, Díaz tratará de buscar un acuerdo con sindicatos y empresarios, aunque las últimas dos veces, cuando el SMI subió de 950 a 965 euros mensuales y de 965 a los actuales 1.000 euros, sólo consiguió el apoyo sindical de CC OO y UGT, ya que las patronales, CEOE y Cepyme, dieron la espalda a ambos acuerdos. La ministra ha pedido a los agentes sociales “que tengan altura de miras y que vayan a la mesa con la mejor de las intenciones” y explícitamente a los empresarios que “no se dejen contagiar por el ruido político” del Congreso, en clara referencia a la postura de confrontación del PP. “Eso sería muy preocupante”.

También ha negado que la relación con la CEOE se haya cortado -”no hay nada roto”, ha aseverado-, por lo que ha advertido de que, si no acuden a la mesa de negociación, tendrán que “dar explicaciones, no al Gobierno, sino al país”. Díaz, en un tono de aviso, ha señalado que “acudan o no” a las mesas, la patronal “deben seguir haciendo sus tareas”. Hay que recordar que la patronal rompió los puentes con el Ministerio de Trabajo por pactar una enmienda con Bildu en la Ley de empleo por la que se devuelve a la Inspección de Trabajo la potestad de pronunciarse cuando una empresa ponga en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Para la patronal, fue una “traición” y una cuestión negociada a “espaldas” de la mesa del diálogo social y que, además, vulnera lo firmado en el pacto sobre la reforma laboral.

Por tanto, los agentes sociales tienen sus dudas, aunque por diferentes motivos. Mientras UGT y CC OO reclaman que se alcancen los 1.100 euros el próximo año -un 10%-, la patronal ya se ha manifestado en varias ocasiones en contra de una nueva subida por la actual coyuntura económica y el incremento de costes empresariales, además de recordar que el SMI ha crecido cerca de un 40% en los últimos años.

Sin embargo, Díaz sigue dispuesta a cumplir con su compromiso de legislatura de alcanzar el 60% del salario medio en España, que fue una de las razones por las que encargó este informe. La vicepresidenta también ha defendido que las subidas del SMI son una “historia de éxito”, que han demostrado ser una “herramienta muy eficaz”, y ha descartado las teorías de que estas subidas iban a provocar una gran destrucción de empleo. “Se ha demostrado que el SMI no afecta de manera negativa en el empleo”.