Escrivá y agentes sociales descartan ya el acuerdo en pensiones este año

Confirmado: el Gobierno no conseguirá cerrar un acuerdo por las pensiones este año. José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, se lo reconoce ya abiertamente a sus colaboradores más cercanos: el acuerdo para cerrar definitivamente la reforma de las pensiones no se logrará antes de que finalice el año como exige Bruselas. Las posturas entre Ministerio y agentes sociales están ahora mismo enrocadas y sin visos de acuerdo.

Las discrepancias entre el Ministerio de Seguridad Social y los agentes sociales son demasiado grandes y ambas partes asumen la imposibilidad de que se pueda alcanzar un acuerdo sobre la segunda fase pendiente antes del día 31, por lo que tendrán que proseguir las negociaciones en el mes de enero, máxime cuando ni siquiera se ha fijado fecha de la próxima reunión para esta semana, sabedores de que la firma llevará más tiempo.

Ayer mismo, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, confirmó que la negociación «en ningún caso va a acabar antes de final de año. Todo va muy lento», reconoció, en la misma línea que sus homónimos de UGT, que hace unos días advertían de que «era imposible un acuerdo en las actuales circunstancias». Unas palabras que, sin que sirva de precedente, coinciden con las de la patronal CEOE, que reconocieron abiertamente que «según está planteada ahora mismo la negociación, el acuerdo no es posible».

Por tanto, el Gobierno incumplirá lo prometido a la Unión Europea para la recepción de fondos europeos Next Generation, cuando aseguró que la segunda parte de la reforma de pensiones estaría aprobada antes de que acabara 2022. De este modo, Escrivá queda en una mala posición tras defender hasta hace poco que era posible el acuerdo y que las discrepancias expresadas por los agentes sociales eran solo el «clima habitual» en este tipo de negociaciones.

La película de la negociación lleva semanas enquistada. A mediados de diciembre se produjo el último encuentro entre Seguridad Social y los agentes sociales, en el que el Ministerio mantuvo el grueso de su propuesta para la última fase de la reforma de pensiones, a la que sindicatos y patronal volvieron a expresar su rechazo, aunque por motivaciones diferentes.

Sigue así sobre la mesa el planteamiento del destope de las bases máximas de cotización y de la pensión más elevada, aunque esta última por debajo del aumento de las cotizaciones, con el fin de que pueda salir reforzado el sistema. El Ministerio también defiende ampliar el periodo de cálculo de la pensión, pasando de 25 a 30 años, pero eliminando los dos peores ejercicios de la carrera profesional.

Eso sí, Seguridad Social puso sobre la mesa en la última reunión nuevas propuestas para reducir la brecha de género en las pensiones. Entre ellas, el refuerzo de la cobertura de lagunas, elevando hasta el 80% de base mínima entre los meses 49 al 72 a mujeres entre 35 y 45 años y hombres que hayan sufrido en esos años una interrupción de su carrera laboral después de tener un hijo. Según fuentes ministeriales, también se plantearon mejoras en la cobertura de los periodos de excedencia por cuidado de familiares y de reducción de jornada por cuidado de hijos. También se propone elevar un crecimiento adicional del complemento de brecha de género entre 2024 y 2025, adicionalmente a la revalorización anual.

Los sindicatos comparten, en líneas generales, las medidas que el Gobierno está poniendo sobre la mesa, pero creen que la modificación del periodo de cálculo está “distorsionando” la negociación. Únicamente se abrirían a valorar esta medida si existiera consenso político para que luego pudiera salir adelante, lo que ahora, avisan, “no existe”. De hecho, subrayan que es ahora cuando va a terminar de entrar plenamente en funcionamiento el aumento del período de cómputo de los 15 a los 25 años, aprobado en la recta final del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y recuerdan que abordar nuevamente esta cuestión no forma parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo, aunque sí de los compromisos del Ejecutivo con la Unión Europea.

Por su parte, fuentes de CEOE también recuerdan que no existe consenso político para ampliar el período de cómputo, aunque no critican expresamente la medida. A juicio de los representantes empresariales, el principal problema de la reforma de Escrivá radica en el aumento de costes que va a suponer para las empresas por el aumento de las cotizaciones, viéndose así afectado el mercado laboral.