El mercado del alquiler en España, lejos de encontrar la estabilidad, se enfrenta a un nuevo desafío que podría dejar a los inquilinos en una situación de extrema vulnerabilidad. Y es que una cláusula que ha ido ganando terreno en los contratos de alquiler permite a los propietarios desalojar a los arrendatarios de forma rápida y con mínimas garantías legales, sorteando así los mecanismos de protección de la actual Ley de Vivienda. Se trata de la cláusula de arbitraje, un mecanismo que, aunque sea legal, se está utilizando cada vez más para acelerar los desahucios.

La inclusión de esta cláusula en el contrato de alquiler obliga a ambas partes, en caso de conflicto (especialmente por impago de la renta), a resolver la disputa en un tribunal de arbitraje en lugar de acudir a la jurisdicción ordinaria. La principal diferencia radica en el procedimiento: mientras que un proceso judicial por desahucio puede prolongarse durante meses, el arbitral se emite en un plazo significativamente menor. El problema es que, al firmar el contrato, el inquilino renuncia a gran parte de las garantías procesales que ofrece un juzgado, como la posibilidad de solicitar justicia gratuita o de negociar plazos de pago.

Los expertos advierten que muchos inquilinos firman esta cláusula sin ser conscientes de sus implicaciones. Las plataformas inmobiliarias y agencias, con el fin de ofrecer a los propietarios una seguridad adicional, están popularizando este tipo de convenios. Una vez que el impago se produce, el propietario inicia el proceso arbitral y, en ciertas ocasiones, el inquilino dispone de un plazo de tan solo siete días para reaccionar. En un contexto de crisis económica y pérdida de poder adquisitivo, esta cláusula deja a las familias en una situación de total indefensión.

El auge de esta práctica ha sido interpretado por algunos juristas como una respuesta de los propietarios a lo que consideran una Ley de Vivienda demasiado protectora con el inquilino y a la lentitud de los procesos judiciales. No obstante, las asociaciones de consumidores y plataformas en defensa del derecho a la vivienda alertan sobre el carácter potencialmente abusivo de estas cláusulas, que anulan derechos fundamentales como el de la tutela judicial efectiva.

Los expertos aconsejan a los futuros inquilinos que revisen minuciosamente el contrato de alquiler, en especial las cláusulas que regulan la resolución de conflictos, y que consulten a un abogado para evitar verse en una situación de extrema vulnerabilidad.