Airbnb, sobre la orden de Consumo de retirar 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos: "Continuaremos recurriendo todas las decisiones"

La pugna entre Airbnb y Consumo se recrudece. El Ministerio de Consumo, a través de la Dirección General de Consumo, ha ordenado a la plataforma de alquiler turístico Airbnb la retirada inmediata de 65.935 anuncios que califica de "ilegales" por contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos. Del monto total, exigido en tres resoluciones remitidas por Consumo a la plataforma, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha emitido un auto en el que avala las actuaciones del Ministerio e insta a retirar una primera tanda de 5.800 anuncios. Airbnb, por su parte, ha respondido con firmeza asegurando que "continuará recurriendo todas las decisiones que afectan a este caso", defendiendo su buen hacer y acusando Ministerio de Consumo de no ser "competente para hacer cumplir las regulaciones en materia de alojamientos turísticos".

En concreto, Consumo considera que esos casi 66.000 anuncios vulneran la normativa al no incluir el número de licencia o registro -algo obligatorio en varias normativas autonómicas y que supone la infracción más común; no indicar a naturaleza jurídica de los arrendadores, es decir, si son profesionales o particulares, lo cual es fundamental para determinar si el contratante está protegido como consumidor; o incorporar números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, lo que puede inducir a error o engaño a los consumidores.

Airbnb responde asegurando que Consumo "ha proporcionado un listado de anuncios utilizando una metodología indiscriminada que incluye anuncios que muestran licencias y otros que podrían no necesitarlas (como arrendamientos de temporada que no son oferta turística). También ha ignorado de manera deliberada las resoluciones del Tribunal Supremo de España que han dejado claro que no todos los anuncios en Airbnb requieren un número de registro". Asimismo, incide en que "estas actuaciones están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas".

Además, recuerda que "Airbnb es una plataforma sujeta a la Ley de Servicios Digitales que no tiene obligaciones de supervisión". Según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2019, y confirmada por el Tribunal Supremo español en 2022, Airbnb es un "intermediario neutro" y no un proveedor de servicios turísticos, por lo que su responsabilidad se limita a la intermediación y no a la veracidad o legalidad del contenido publicado por terceros.

Pese a ello, afirma que solicita a todos los anfitriones que certifiquen contar con los permisos necesarios y les recuerda a lo largo del año la importancia de cumplir con las leyes locales. "Esto se deja claro en nuestros Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma", apuntan desde la empresa.

La plataforma también destaca varias iniciativas destinadas a reforzar la confianza en su funcionamiento. Entre ellas, menciona un portal para gestionar peticiones de autoridades judiciales y policiales, un programa de promoción de detectores de ruido en grandes ciudades, una línea telefónica para que los vecinos denuncien molestias, la prohibición de fiestas, y una herramienta de verificación de direcciones en Barcelona para ayudar al Ayuntamiento a rastrear a posibles infractores.

Asimismo, desde Airbnb insisten en que en la plataforma "no sólo se anuncian viviendas turísticas, sino también apartamentos turísticos, hoteles, hostales y viviendas de temporada", muchos de los cuales no están sujetos a las mismas obligaciones legales que los alquileres de corta duración.

Además, subrayan que han iniciado colaboraciones con gobiernos regionales como los de las Islas Canarias, la Región de Murcia o el Consejo Insular de Ibiza para promover un "turismo sostenible" y luchar conjuntamente contra la oferta ilegal.