Los autónomos exigen al Gobierno la transposición de la directiva europea sobre IVA franquiciado tras paralizarlo en plena negociación

El Gobierno ha decidido paralizar en plena negociación la transposición de la directiva europea para la aplicación del IVA franquiciado para autónomos, una decisión que supone un "agravio comparativo de los autónomos españoles respecto a los de aquellos países de la Unión Europea que ya lo han aplicado". Así lo ha denunciado la asociación de autónomos UPTA, que exige su aprobación para aquellos autónomos con una facturación inferior a los 85.000 euros, además de exigir que se adopten "de una vez por todas" las medidas necesarias y definitivas para continuar, al menos durante los próximos cinco años, con el sistema de estimación objetiva del IRPF o módulos.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha criticado que, tras" innumerables reuniones" preparando esta transposición, el Gobierno "haya decidido paralizar la misma", y ha reclamado que “es necesario que en el ámbito europeo no existan ventajas fiscales según el país en el que se viva, esto contribuiría a una Europa mucho más justa y equilibrada. Hoy en día sigue habiendo países que son auténticos paraísos fiscales, que lastran económicamente las posibilidades de aquellos estados que cumplan los criterios razonables en el ámbito fiscal”.

En este sentido, reclama la "uniformidad fiscal en Europa. No consideramos adecuado que los distintos países miembros traten de forma distinta el ámbito fiscal y económico que afecta al trabajador por cuenta propia. Teniendo en cuenta que el ámbito de protección social en España está muy por encima del resto de la UE, fiscalmente no existe una concordancia que permita a los autónomos españoles, ser igual de competitivos que la gran parte de los autónomos de países europeos". Además, recuerda que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "continúa sin aplicar la progresividad fiscal que sí tienen otros estados miembros que económicamente están más desarrollados".

Según sus cálculo, los autónomos españoles tienen una carga fiscal del 35%, "casi el doble de la que se implementa a las empresas a través del impuesto de Sociedades. La Carta Europea estipula la homogeneización fiscal de los países miembros, la progresividad fiscal de los contribuyentes y un reparto tributario acorde a la situación económica de los sujetos jurídicos o personas físicas a los que, por razones fiscales, tienen obligaciones que cumplir".

Fuentes del Ministerio de Hacienda han reiterado que España no está obligada a aplicar el régimen de franquicia en este impuesto "porque es una opción, no obligación, que da una directiva europea y España no la ha asumido, de momento". Sin embargo, para UPTA, España debe transponer las directivas europeas que supongan mejorar la fiscalidad de los autónomos.