Coches hasta 2.000 euros más caros: la nueva norma de emisiones golpea al motor español

La adecuación de la fabricación de los motores de combustión interna a la norma Euro7 exigida por la Unión Europea supondrá un incremento del precio final de los automóviles pequeños y medios de unos 2.000 euros, lo que perjudicará gravemente no sólo a las matriculaciones de coches en España, sino igualmente a las plantas de producción establecidas en nuestro país, ya que la mayoría de ellas fabrican este tipo de vehículos.

La norma impuesta por el parlamento europeo ha sido fuertemente criticada por la Aces, la asociación europea de fabricantes de automóviles. Tanto su presidente, Luca de Meo, que a su vez preside el grupo Renault, como la secretaria general de esta organización, se han manifestado en numerosas ocasiones en contra de la normativa. En concreto, Sigrid de Vries, la secretaria general, afirmó la semana pasada que esta medida “añadirá complejidad e incertidumbre a las decisiones e inversiones de los fabricantes sin aportar los beneficios medioambientales de dice ofrecer”.

De Meo ha sido asimismo muy crítico con esta disposición que exigirá unas inversiones que los fabricantes han estimado en unos 35.000 millones de euros para conseguir una reducción de emisiones de únicamente el 4% de las que actualmente se registran. Los sistemas que hay que instalar en los automóviles para conseguir este objetivo supondrían un incremento de costes de producción estimados en unos dos mil euros por vehículo. Si en un turismo de nivel “premium” no es un aumento porcentualmente significativo sobre el precio final, en un coche de tipo pequeño o medio puede ser una diferencia que afecte enormemente a las ventas finales. Y sobre todo, teniendo en cuenta que será una tecnología de corta duración, ya que en el año 2035 la propia UE prohibiría la fabricación de estos motores de combustión interna.

Reproche al Gobierno

Estas opiniones son asimismo corroboradas por la parte española y Anfac, la asociación de fabricantes e importadores de automóviles de nuestro país, se ha mostrado crítica con la norma europea y no entiende como el Gobierno español puede apoyarla cuando puede suponer un duro varapalo para la primera industria del país. Tanto el presidente de Anfac, Wayne Griffiths, que a su vez preside Seat, como el secretario general, José López Tafall, han pedido repetidamente al Gobierno de Sánchez que se declare contrario a la norma Euro7, ya que “no tiene sentido apoyarla como país”. Pero como de costumbre, el Gobierno no ha hecho caso, una vez más, a los fabricantes.

La norma Euro7 tendría que entrar en vigor, según las disposiciones comunitarias, en el mes de julio de 2025 para los turismos y furgonetas y dos años más tarde para los camiones y autobuses. Por lo que se refiere a los turismos, la norma afecta de lleno a la producción de las factorías españolas y, en general, al mercado nacional. La elevación de los 2.000 euros aproximadamente en los costes de producción significará un incremento porcentual del precio final de los vehículos, que en algunos casos puede superar el diez por ciento. Una subida que reducirá sin duda la venta de este segmento de automóviles en toda Europa y ello perjudicará gravemente a las fábricas españolas cuyos productos se mueven en este segmento. Y por otra parte, asimismo a la balanza de pagos española si tenemos en cuenta que más del ochenta por ciento de la producción española de vehículos se vende en los mercados extranjeros.

Desde el punto de vista del mercado nacional, las matriculaciones se pueden resentir gravemente en un momento en el que las ventas han caído aproximadamente un 30% respeto a las registradas antes de la pandemia. En efecto, de lo 813,393 automóviles de turismo matriculados en España el pasado ejercicio, un total de 490.822 unidades, es decir, el 60,3% son considerados del segmento pequeño. El segmento medio que, aunque en menor medida, también puede verse afectado, supuso un tercio del resto del mercado. Y es que los todoterreno y los coches de lujo sólo aglutinan al siete por ciento del total de las ventas. En estas condiciones, opinan los fabricantes, la posición del Gobierno debería ser de oposición frontal a la norma Euro7 si se quiere defender a la industria del motor que representa aproximadamente el 10% del PIB nacional y el 9% del empleo.