Consecuencias de la reducción de jornada: las empresas podrían despedir hasta el 50% de los empleados

La reducción de la jornada laboral es un hecho. Después de diferentes bandazos en las negociaciones entre patronal, sindicatos y Trabajo, únicamente el ministerio dirigido por Yolanda Díaz y los propios sindicatos fueron los protagonistas para reducir la jornada laboral de 40 horas.

El pasado 4 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, todo ello sin modificar el salario de los trabajadores. Además, la norma establece también una regulación para el registro de jornada y el derecho a la desconexión digital.

Sin duda, se trata de una norma que ha generado controversia, especialmente entre los empresarios, que no están de acuerdo con el pacto acordado, y que así lo dejaron saber tras su salida de las negociaciones. Tanto es así, que un informe realizado por Cepyme refleja que hasta el 50% del empresariado podría tomar medidas en el momento en el que se aplique la reducción de jornada.

Despidos en el 50% de las empresas

Tal y como señala el barómetro LaPymeHabla 2024 de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), hasta un 51% de las empresas prevé tomar medidas en el momento en el que se produzca la aplicación de las 37,5 horas semanales de trabajo. Estas medidas pueden ser abandonar proyectos o reducir el tamaño de la empresa, algo que afectaría de lleno a los trabajadores.

De hecho, según el informe, el 90 % de las empresas reveló un impacto negativo de rebajar la jornada hasta las 37,5 horas y el 25 % asegura que para salir adelante, se tendrían que realizar algunos ajusten en la compañía. Por otro lado, más del 10% cree que la empresa no lograría salir a flote, lo que implicaría una afectación del nivel de empleo en España.

¿Cuándo se aplicará la reducción de jornada?

El anteproyecto de ley debe iniciar ahora el trámite parlamentario, por lo que la medida entrará en vigor cuando el Parlamento apruebe la ley, incluyendo las posibles modificaciones que se produzcan durante su tramitación. Finalmente, será el Boletín Oficial del Estado el que refleje la vigencia de la medida una vez se publique.

Por otro lado, los convenios colectivos que contemplen la jornada anual superior a las 37,5 horas de promedio semanal deberán adaptarse a través de las comisiones negociadoras para asegurar el cumplimiento de lo previsto en la norma, disponiendo de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025. Por ello, la nueva jornada laboral no será plena hasta el próximo 1 de enero de 2026.

Críticas desde el Consejo Económico y Social

El último en plantear dudas a esta reforma ha sido el Pleno del Consejo Económico y Social (CES), que pese a que ha dado su apoyo a la medida por su "relevancia social", ha mostrado duras críticas a la "excesiva premura" con la que el Ministerio de Trabajo ha realizado los trámites y el escaso margen de tiempo que ha dado a este organismo consultivo y a las organizaciones empresariales para que puedan realizar alegaciones, además de que ha calificado de "incompleta" e "insuficientemente fundamentada" la memoria económica del texto.

¿Qué pasará con los contratos a tiempo parcial?

Si la persona trabajadora a tiempo parcial fue contratada para una prestación de servicios de una duración igual o superior a la jornada máxima semanal de 37,5 horas, su contrato pasará automáticamente a ser a tiempo completo.

Sin embargo, si el empleo tuviese una duración inferior a la jornada máxima semanal de 37,5 horas, la persona trabajadora podrá seguir realizando las mismas horas de trabajo teniendo derecho a que su salario se vea incrementado de manera proporcional.

Multas de hasta 7.500 euros con la nueva reducción de la jornada laboral

Según el abogado Ignacio de la Calzada, las empresas que opten por incumplir este derecho de jornada laboral podrían enfrentarse a multas de la Inspección de Trabajo que, en algunos casos, pueden llegar hasta los 7.500 euros.

El Ejecutivo español multará con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada. Esto supone un endurecimiento de las sanciones actuales en materia de jornada por dos vías: primera, porque se multará a las empresas por cada trabajador con el que se incumplan las normas y no de manera global; y segunda, porque el importe de las multas, tipificadas como infracción grave de los empresarios, serán más cuantiosas, pasando de un máximo de 7.500 euros a 10.000 euros.