El Gobierno de España se arma contra las prácticas fraudulentas durante el Black Friday. Este año, Consumo lanzará la mayor campaña contra las falsas rebajas más grande de su historia. Así lo ha anunciado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, este lunes en rueda de prensa.

La Dirección General de Consumo llevará a cabo una monitorización masiva tanto de precios como de productos para detectar irregularidades en los procesos de venta online, especialmente en el mercado textil, de juguetes, tecnología y pequeños electrodomésticos.

Las sanciones a las compañías podrán suponer entre 4 y 6 veces más que el beneficio obtenido durante este periodo de rebajas a través de las prácticas ilegales.

La táctica más común es la de llevar a cabo una subida en los costes durante las semanas previas al periodo de descuentos. Llegadas las supuestas bajadas, el precio se reduce a uno muy cercano al original, creando la falsa sensación de que realmente se está gastando menos.

Esto hace que sea necesario seguir "una monitorización durante semanas para conocer cómo avanzan los precios" y estudiar la variación de cara al último viernes de noviembre.

Además, el cliente tendrá derecho "a conocer el precio de lo que va a comprar desde el principio", es decir, "no se podrán añadir gastos adicionales" durante el proceso de adquisición.

A este método se lo conoce como precios por goteo, en la que al coste total se le van añadiendo otras tasas, suplementos o gastos de gestión, algo que "reduce la transparencia" y puede "inducir a error al consumidor".

También se investigarán todas las técnicas de venta bajo presión, como "cuentas atrás con relojes que no son reales" o "mensajes de poco stock falsos". Todo esto, lleva a los compradores a tomar "decisiones de gasto impulsivas".

Otra de las normativas monitorizadas durante este periodo de rebajas es de los precios dinámicos, que modifican la cifra total durante el proceso de venta.

A este último se suman las comparaciones de precios engañosas en las que el comercio compara la rebaja con un coste que realmente nunca se ha utilizado en el mercado.

Además, el ministro recordó que el año pasado ya se llevó a cabo un seguimiento de estas prácticas, dejando "multas de hasta 350.000 euros y siete expedientes sancionadores".

"No se puede crear un modelo de negocio incurriendo en técnicas engañosas", ha sentenciado Bustinduy. "Todo el que intente ganar dinero engañando al consumidor lo pagará".

"Ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, está nunca por encima de la ley", ha recalcado.