Coto de la UE al gasto: exige a España y a los países con más déficit reducir su deuda un 0,5% del PIB anual

La Comisión Europea presentó ayer su propuesta legislativa para reformar las reglas fiscales europeas, después de que durante los años de pandemia, hayan quedado suspendidas y los gobiernos europeos hayan podido inyectar dinero público sin cortapisas para auxiliar a sus economías. En el año 2024, esta cláusula de escape tocará a su fin y Bruselas ha aprovechado la ocasión no para resucitar las antiguas reglas sino para proponer unas diferentes que no supongan estrangular las economías más endeudadas, como la española, que despidió el año pasado con el 113,2% y un déficit público del 4,8%.

La Comisión Europea quiere poner en marcha planes de medio plazo y personalizados para cada país, pero a la vez es consciente de que los halcones partidarios de la ortodoxia presupuestaria, como Alemania y Holanda, no van a permitir una excesiva manga ancha. Las reglas actuales exigen una reducción de la deuda pública anual de una veinteava parte, que ahora mismo resulta inviable. Existe consenso en esto último, pero profundas divergencias entre las capitales europeas sobre cómo diseñar la senda de aterrizaje para volver a la normalidad, teniendo en cuenta que, ya antes de la pandemia, la aplicación de las normas fiscales estaba en entredicho.

En el texto presentado ayer se exige que los países europeos presenten un plan de cuatro años sobre déficit y deuda con una senda de gasto anual, cuándo los países europeos infrinjan los topes previstos en la normativa europea. Los niveles actuales se mantienen imperturbables: 60% de deuda y 3% de déficit público. Los países que no lleguen a estos umbrales contarán con el asesoramiento técnico de la Comisión Europea para no pasar a la lista negra.

Al final de estos cuatro años, Bruselas quiere que la deuda se sitúe por debajo de los niveles iniciales y, que aquellos países que superen el 3% de déficit público, se sometan a un ajuste de, al menos, un 0,5% del PIB al año. Una cifra inferior a la que exige Alemania, que pretende que la reducción sea del 1% de deuda anual como mínimo Además, Bruselas también pretende que el gasto público se mantenga por debajo del crecimiento potencial, sin dar demasiados detalles sobre cómo aplicará en la práctica esta norma y hasta dónde llegará la discrecionalidad.

Estos planes de cuatro años podrán ser prolongados en algunas situaciones hasta un máximo de siete años y los países europeos podrán seguir realizando inversiones que sean contrarias a la reducción del déficit público siempre y cuándo demuestren que éstas son necesarias para la doble transición energética y digital, resultan acordes con el pilar social europeo o están relacionadas con la política de defensa y las recomendaciones específicas que Bruselas realiza a cada país.

En casos de incumplimiento de la senda fiscal pactada, la Comisión Europea abrirá un expediente por déficit excesivo que permitiría imponer multas equivalentes al 0,05% del PIB del Estado cada seis meses. Esta sanción iría creciendo cada semestre hasta un máximo del 0,5% del PIB. En el caso de España serían unos 660 millones de euros al semestre, con un máximo de 6.600 millones en el caso de que persistiese en el incumplimiento y no se adoptasen ajustes fiscales.

Las negociaciones pueden antojarse muy difíciles, ya que ahora es necesario llegar a un acuerdo con las capitales europeas y la Eurocámara antes de que termine la legislatura, que quedará sentenciada en la primavera de 2024, cuando se celebren los próximos comicios al Parlamento. Consciente de esto último, el Ejecutivo comunitario presentó el pasado mes de marzo un texto que comenzará a funcionar el próximo año, ante la posibilidad de que quizás todavía no hayan entrado en vigor las nuevas normas. La apertura de los primeros expedientes de infracción para los países que incumplan el 3% de déficit pueden llegar la próxima primavera de 2023 según los datos del otoño de 2022, pero se espera cierta flexibilidad en este periodo transitorio y Bruselas tendrá en cuenta si la desviación es o no temporal al realizar su examen. La Comisión Europea también valorará que aquellos países más endeudados mantengan políticas fiscales prudentes en cuanto al gasto corriente mientras siguen protegiendo la inversión.