La deuda pública bate todos los récords y supera por primera vez en la historia los 1,6 billones

La deuda de las Administraciones Públicas continúa creciendo a ritmo de récord y, por primera vez en la historia, ha superado los 1,6 billones de euros -por encima del récord alcanzado el pasado mes de enero de 1,583 billones-. Así lo ha confirmado el Banco de España en su avance del saldo de deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo, que ha elevado el agujero público a 1,603 billones de euros en el mes de febrero, con una tasa de crecimiento del 5,4% en términos interanuales.

Sólo en el último mes la deuda se elevó en 19.549 millones de euros, un 1,2% más, para contabilizar un incremento de 82.416 millones en el último año. Y ha sido el Estado y las comunidades autónomas las principales impulsoras de la subida mensual de la deuda en febrero, mientras que los ayuntamientos han registrado un leve descenso y la Seguridad Social se ha mantenido en la misma cifra. El Estado asume la mayor cifra con un total de 1,442 billones de euros, en tanto que las comunidades autónomas suman una deuda de 327.881 millones, las corporaciones locales de 23.098 millones y las administraciones de la Seguridad Social de 116.171 millones. Las cantidades exceden el total de deuda pública porque hay 345.609 millones contabilizados por partida doble, en lo que se incluye la deuda de las comunidades autónomas de la que el Estado es acreedor.

En concreto, la deuda del Estado de 1,442 billones supone un aumento del 1,3% y 18.567 millones más en un mes, mientras que en los últimos doce meses se ha elevado en un 6,9%. El endeudamiento de la Seguridad Social se ha mantenido prácticamente en el mismo nivel, con 116.171 millones, un millón menos frente a enero, pero el incremento interanual se ha disparado un 9,4%. Este incremento anual se ha debido principalmente a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General del organismo para financiar su desequilibrio presupuestario que provoca el sistema de pensiones.

Por su parte, las comunidades autónomas han elevado su deuda frente al mes de enero hasta los 327.881 millones de euros, unos 3.735 millones más, mientras que en tasa interanual experimentó un repunte del 3,2%. En cuanto a las corporaciones locales, han registrado una deuda en febrero de 23.098 millones, 0,5% menos que el mes anterior, mientras que en el último año ha subido un 0,7%.

La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó se quedará este año al 3,1% del PIB desde el 3,6% de 2023, por lo que duda de que logre cumplir con las exigencias de Bruselas con las nuevas reglas fiscales, quedándose una décima por encima. Además, prevé que se mantendrá en el entorno del 3% o ligeramente por encima cada año hasta al menos 2029, repuntando al 3,2% del PIB en 2026 y al 3,3% en 2027, para relajarse al 3% en los años siguientes. Asimismo, estima que la deuda pública se sitúe este año por encima del 106% del PIB, bajará el año que viene ligeramente por debajo del 105% y se mantendrá así hasta que en los dos últimos años del horizonte de proyecciones, 2028 y 2029, baje al 104,6% y al 104,2%, respectivamente. Por tanto, España no rebajará su deuda por debajo del 104% del PIB en toda la década.

El propio Banco de España en su último "Informe de estabilidad financiera 2024" apuntaba hace unos días que únicamente el crecimiento nominal de la economía también "ha permitido una reducción del déficit público y de los desequilibrios externos", y alertaba de que el endeudamiento público sigue siendo demasiado elevado, al igual que el nivel del déficit público estructural, por lo que "constituyen elementos de vulnerabilidad en un contexto de presiones crecientes sobre el gasto público". En el informe situó el déficit público en el 3,6% del PIB en 2023, 1,1 puntos porcentuales por debajo de la cifra registrada en 2022 y la ratio de deuda pública sobre PIB se redujo en casi 4 puntos, hasta el 107,7%, apoyada en el fuerte avance del PIB nominal. Es decir, que acabó el año con una ratio mejor de la prevista por el Gobierno (108,1%), pero únicamente gracias al impulso del PIB, que acabó el año con un crecimiento del 2,5%,

En este avance mensual, el Banco de España no ofrece datos sobre el peso de la deuda sobre el PIB en el mes de febrero -medido en porcentaje trimestralmente-, pero sí recordaba en informe de estabilidad que este nivel de endeudamiento público es notablemente inferior al máximo alcanzado tras el inicio de la pandemia -del 125,3% en marzo de 2021-, pero todavía superior a niveles prepandemia -que era del 98,2% en diciembre de 2019-, y "más elevado en relación con otros países de la eurozona", apuntaba el supervisor.

También advertía de que el coste medio de las nuevas emisiones de deuda en 2023 alcanzaron el 3,4%, 2,1 puntos por encima de su nivel de 2022. Aunque en las emisiones más recientes (3,3% en febrero de 2024) se han situado por debajo de los máximos de 2023 (3,9% en octubre), debido a que la vida media de la deuda pública española es elevada -próxima a los ocho años- y a que están venciendo emisiones de hace una década, esos tipos de interés son mucho más elevados que los actuales y, por tanto, el incremento del coste será progresivamente más elevado.

Por ello, el Banco de España avisa de que si el Gobierno no pone en marcha un plan de consolidación fiscal para cumplir con las nuevas reglas fiscales europeas, el coste medio y el nivel de la deuda pública "seguirán creciendo". Así, este coste medio se elevaría en aproximadamente 0,3 puntos en los próximos tres años, hasta situarse en el 2,6% en 2026. A la mayor carga financiera se unirán otras presiones hacia un mayor gasto público, impulsado por factores como el envejecimiento de la población, las necesidades de inversión asociadas al cambio climático, la digitalización y el gasto en defensa. De esta forma, la ratio de deuda pública sobre PIB crecería 0,7 puntos hasta 2026, situándose en el 108,4%, muy por encima de lo exigido por Bruselas. Por tanto, el diagnóstico del supervisor se centra en que "el endeudamiento público representa una vulnerabilidad significativa para la economía español", por lo que es necesario "comenzar en 2024 un proceso de consolidación fiscal".