El Gobierno activa el proceso para tumbar la tasa regional al comercio

La maquinaria para que se suprima la tasa regional que grava a las grandes superficies comerciales en Cataluña, Aragón, Asturias, Navarra, La Rioja y Canarias ya está en marcha. Estas seis comunidades autónomas ya tienen en su poder la carta adelantada en la edición de ayer por LA RAZÓN que la Comisión Europea ha enviado a España en la que Bruselas le ruega «encarecidamente» la supresión o modificación de estos impuestos para evitar la apertura de un procedimiento formal de investigación que podría tener graves consecuencias para el comercio minorista de estas autonomías.

Según explicaron fuentes gubernamentales, la pelota está ahora en el tejado de los gobiernos regionales, que son los que deben decidir si eliminan estas tasas o las modifican. Los impuestos gravan con diferentes tipos impositivos que oscilan entre los 2,4 euros por metro cuadrado hasta los 17,49 euros al establecimiento de grandes centros de distribución con superficies superiores a los 2.000 o 2.500 metros cuadrados en la mayoría de los casos. La razón es el presunto perjuicio medioambiental que causan estos centros, cuya patronal, Anged, ha sido la encargada de denunciar la situación ante Bruselas.

Lo que la Comisión ha advertido en su misiva es que de no eliminar o generalizar las tasas a todos los comercios, se abriría un proceso de investigación que podría tener consecuencias nefastas para el pequeño comercio.

Graves efectos

La Comisión Europea ha advertido de que si la investigación concluye que las tasas constituyen ayudas de Estado que benefician al pequeño comercio, debería condenar a España no sólo a suprimir o modificar la medida sino también «a recuperar de los beneficiarios la ayuda ilegal concedida en el pasado». Eso implicaría que unos 160.000 pequeños negocios de estas seis comunidades autónomas ahora exentos de la tasa tendrían que pagarla.

A pesar del potencial perjuicio para el pequeño comercio que tendría la generalización del impuesto, Cataluña ya avanzó ayer que no piensa recular en sus condiciones de aplicación. Fuentes de la Conselleria de Empresa y Empleo de la Generalitat explicaron a Efe que el escrito de la Comisión es un requerimiento informativo que ya ha sido respondido por la Dirección General de Comercio y que no tiene ninguna consecuencia legal. Por tanto, Cataluña seguirá aplicando la tasa como hasta ahora. Las mismas fuentes explicaron que la tasa entró en vigor en el año 2012, después de que el Tribunal Constitucional desestimara el recurso del Ejecutivo. También el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal de Justicia de la UE desestimaron otros contenciosos que requerían la supresión de la ley, por lo que la tasa catalana siempre ha tenido pronunciamientos judiciales a favor en España y en la UE.

Sin justificación

Para la Confederación de Comercio de Cataluña, la Comisión «se equivoca» porque la contaminación medioambiental de una gran superficie es muy superior a la de los pequeños comercios, explicó su secretario general, Miguel Ángel Fraile. Sin embargo, el portavoz comunitario del área de Competencia, Ricardo Cardoso, insistió ayer en que «la explicación para justificar este impuesto (...) no está apoyada por ningún estudio o por datos que muestren efectivamente que estos pequeños comercios y tiendas especializadas tienen un impacto menor o ninguno en la planificación urbana ambiental».