El Gobierno retiene 30.000 millones de euros de la paga extra de los funcionarios desde 2010

Los funcionarios han dejado de cobrar 30.000 millones de euros en sus pagas extraordinarias desde 2010, denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha presentado este lunes en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que los trabajadores de las administraciones públicas recuperen la estructura salarial previa a los recortes de la pasada crisis.

En concreto, la ILP pretende derogar el artículo en materia retributiva del Real Decreto-ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. CSIF explica que aún queda vigente el recorte en la paga extra que desde entonces se ha visto mermada en una media de 1.600 euros anuales en el grupo A1 (médicos, jueces, ingenieros, inspectores); 1.020 euros en el grupo A2 (enfermeros, maestros) y 500 euros en el grupo C1 (policía local). Esto supone el equivalente a haber trabajado gratis hasta 5 meses desde 2010.

"Lo que era una medida extraordinaria se ha convertido en estructural. El recorte del señor (José Luis Rodríguez) Zapatero, solamente en las pagas extra en estos 12 años, ha supuesto que dos millones de empleados públicos hayan dejado de percibir 30.000 millones euros", ha señalado el presidente de CSIF, Miguel Borra, durante una rueda de prensa. "Visto que ningún Gobierno desde entonces ha querido derogarla, nosotros vamos a conseguir las firmas necesarias para que se tramite como una Iniciativa Legislativa Popular y estamos seguros de que la Mesa del Congreso va a tener la celeridad necesaria para poner en marcha esta recogida de firmas", ha añadido.

El sindicato entiende que "los empleados públicos ya han contribuido de manera sobrada a la crisis financiera y en un momento de recaudación récord (tal y como reconoce el Gobierno a Bruselas la recaudación se incrementó en el último año un 14%) se podría afrontar este gasto", explica en un comunicado.

Esta situación se suma a la pérdida global del 18% del poder adquisitivo desde 2010 como consecuencia de la no revalorización de los salarios con la inflación. De hecho, CSIF no apoyó la subida salarial que el Gobierno acordó con CC OO y UGT para los empleados públicos hasta 2024. En concreto, conforme a este pacto, el sueldo de los funcionarios subió un 3,5% en 2022, un 2,5% en 2023 (que puede ser del 3,5% en función del IPC y el PIB nominal) y crecerá un 2% en 2024 (aunque podría ser un 2,5%). CSIF denuncia que este acuerdo "agrava el empobrecimiento generalizado de los empleados públicos". "Se trata del primer acuerdo salarial de la historia en el que se pierde poder adquisitivo nada más aplicarse: en 2022 perdimos cinco puntos ya que el IPC cerró en un 8,5% y la subida fue del 3,5%", explica el sindicato.

Asimismo, el presidente de CSIF ha advertido de que los empleados públicos van a tener una subida un 60% inferior a la que va a haber en la empresa privada. "Le exigimos al Gobierno que no nos trate peor que la patronal privada a los empleados privados. No puede ser que los empleados públicos de este país sigamos perdiendo poder adquisitivo. El Gobierno firmó una subida del 2,5% para 2023 más un 1% variable, mientras que en la empresa privada será del 4% más un 1% variable", ha subrayado Borra, haciendo referencia al nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Por este motivo, CSIF se ha dirigido al presidente del Gobierno para exigir la renegociación de las condiciones retributivas de los funcionarios y la mejora de sus condiciones laborales.

Miguel Borra también ha expresado su "tremenda preocupación" por el repunte de conflictividad que se vive en las administraciones públicas como consecuencia del "deterioro de las condiciones laborales, de la precariedad, de la pérdida del poder adquisitivo y de la falta de recursos materiales y humanos". El líder del sindicato ha puesto de ejemplo el colapso de la Seguridad Social, que acumula notables retrasos en la citas y en la concesión de las prestaciones, que tardan una media de tres meses en aprobarse. Esto se explica porque "en la última década se han perdido casi 10.000 puestos de trabajo, sobre una plantilla actual de 26.000 trabajadores que atienden a 20 millones de afiliados y 10 millones de pensionistas". Además, en la próxima década se prevé que jubilen dos tercios de la plantilla.

En cuanto al SEPE, Borra ha expuesto que de las 711 oficinas de atención presencial que hay en España, siete no tienen ningún trabajador, 96 tienen un trabajador, 142 tienen dos y 129 tienen tres trabajadores. "Así es muy difícil poder prestar la atención que los ciudadanos necesitan", ha apuntado. Por su parte, el sistema nacional de salud ha perdido 27.263 empleos en lo que va de año. "Indudablemente no podemos llegar", ha añadido.

Borra ha avisado de que "si Gobierno y las diferentes administraciones no atienden nuestras reivindicaciones laborales y afrontan el deterioro de los servicios que reciben los ciudadanos, nos veremos abocados a un conflicto generalizado y global en el ámbito de lo público". "CSIF se hará eco de esta situación y los ciudadanos, sin duda, tomarán nota de cara a los próximos procesos electorales, tanto a nivel autonómico y local como en las próximas generales", ha sentenciado. Preguntado sobre la posibilidad de una huelga, ha indicado que no descartan "ninguna medida", y ha recordado que el conflicto ya ha escalado a huelgas en la Administración de Justicia y en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.