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La agenda económica de Sánchez, en el aire

El alza de Sociedades para las grandes empresas, del diésel y del IRPF para las rentas altas quedan en suspenso tras el fracaso de los Presupuestos

  • Pedro Sánchez con María Jesús Montero
    Pedro Sánchez con María Jesús Montero /

    C. Pastrano

Tiempo de lectura 4 min.

13 de febrero de 2019. 19:46h

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Erik Montalbán 13/2/2019

La crisis de Gobierno originada por el fracaso del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 deja en el aire buena parte de la agenda económica de Pedro Sánchez. El rechazo de los independentistas catalanes a las cuentas públicas de este año (además del PP y de Ciudadanos) acabará, probablemente, en unas elecciones generales anticipadas que impedirán al Ejecutivo socialista poner en marcha algunas de las medidas tributarias y gastos que tenía en mente. La idea del Gobierno era aplicar un «hachazo» fiscal a las empresas y las rentas más altas con el que costear el fuerte incremento del gasto contemplado en los Presupuestos, que sí seguirá adelante. No obstante, la única opción que le quedaría a Sánchez sería articular estos impuestos mediante «decretazos» y luego tratar de lograr su aprobación de forma individual en el Congreso.

En concreto, tres cuartas partes de la subida fiscal la pagarían las empresas, que cargarían con 6.200 millones de euros más de impuestos, y que ahora respiran, al menos en parte, aliviadas por la posibilidad de que no lleguen nunca a ver la luz. Eso sí, los nuevos impuestos a las transacciones financieras (la llamada «tasa Tobin) y a los servicios digitales («tasa Google») sí se mantendrán en principio. Al tratarse de nuevas figuras impositivas no pueden ir dentro de los Presupuestos, por lo que su caída no les afecta. Fueron aprobados el mes pasado por el Consejo de Ministros, aunque aún no han comenzado su tramitación parlamentaria. Entre ambos impuestos el Gobierno espera ingresar más de 2.000 millones de euros, si bien la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha rebajada notablemente su capacidad recaudatoria.

En el aire quedan la imposición de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades de las grandes empresas, que aumentaría hasta el 18% para las entidades financieras y de explotación de hidrocarburos. También se aplaza la subida de dos puntos del IRPF para las rentas del trabajo superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para las de 300.000 euros. Para las rentas del ahorro de más de 140.000 euros se aumentaba la tributación en cuatro puntos. Otra de las medidas más polémicas en suspenso es la subida del diésel para igualar sus impuestos a los de la gasolina. Esta alza iba a suponer 670 millones de euros para los conductores, con una media de 36 euros al año por vehículo. El Gobierno también calculaba otros 339 millones de euros por la subida del Impuesto de Patrimonio, aunque la AIReF tampoco se creía estas cifras y situaba la recaudación en sólo ocho millones en el mejor de los casos y cero en el peor.

Tampoco se aplicarán las medidas que iban a suponer una rebaja de impuestos, como la reducción de Sociedades al 23% para las empresas que facturan menos de un millón de euros o la bajada del IVA para los productos de higiene femenina, libros electrónicos y servicios veterinarios.

Únicamente siguen su tramitación los dos impuestos de nueva creación, el impuesto de transacciones financieras y el de servicios digitales, ya que una ley de Presupuestos no puede contener nuevas figuras tributarias. Ambos fueron aprobados en sendos proyectos de ley, pero aún no han iniciado su tramitación parlamentaria, a la espera de que el Gobierno los defienda ante el Congreso. También escapan del rechazado a los presupuestos la subida de las pensiones, del salario mínimo y de los sueldos de los funcionarios, aprobados todos mediante decreto-ley.

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