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Los expertos alertan de que el plan de vivienda hundirá la oferta de pisos en alquiler

Aconsejan premiar a los propietarios que alquilen sus casas en lugar de penalizarles con límites de precio.

  • Los expertos alertan de que el plan de vivienda hundirá la oferta de pisos en alquiler

Tiempo de lectura 4 min.

14 de octubre de 2018. 00:18h

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Diego Fernández.  14/10/2018

El mercado del alquiler se encuentra sumido en un escenario de dudas a raíz del pacto alcanzado el pasado jueves entre PSOE y Podemos. De llevarse a cabo las medidas sugeridas en el documento, los cambios en el sector serían de un profundo calado y forzarían a los propietarios a una rápida transformación.

Las propuestas de los partidos liderados por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están muy lejos de ser cosméticas, y tienen al intervencionismo como aliado. Así, los ayuntamientos podrán crear un índice de precios de referencia dividido por zonas. Es decir, podrían limitar las subidas de los precios durante un tiempo si consideran que el incremento ocurrido es abusivo. Para justificar esta acción, los consistorios contarán con la capacidad de declarar de forma temporal una zona urbana como «mercado tensionado». Además, se alargaría el plazo mínimo de alquiler hasta los cinco años para los particulares y siete para las empresas.

Para los expertos, el alquiler tiende a autogestionarse y a regularse a la baja cuando la demanda no exceda a la oferta. Por ello, coinciden en que la solución al problema no pasaría por «castigar» al titular de la vivienda, sino por aumentar la cantidad de pisos disponibles «premiando a los propietarios que pongan en alquiler su casa», como sostiene Ferrán Font, director del gabinete de estudios de pisos.com.

No obstante, esta medida llega en un momento inadecuado y resta credibilidad al plan del Gobierno, puesto que el precio de la vivienda en alquiler se ha reducido un 1,3% durante el tercer trimestre de 2018,, según un informe sobre el estado del sector publicado por Idealista el jueves. En el mismo, se aclara que en casi la mitad de los mercados analizados ya se está produciendo una tendencia a la baja. Este es el caso de Barcelona, considerada columna vertebral del alquiler en nuestro país, donde los precios han bajado un 5,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Otro de los puntos conflictivos del acuerdo es la elaboración de los índices de precios. Aún no se ha establecido un decálogo para afirmar qué precio es injusto y en base a qué indicadores se puede llegar a tal conclusión. Por ello, Beatriz Toribio, directora del gabinete de estudios de Fotocasa, aseguró que si lo que se va a hacer es «penalizar a quien no siga el índice», la medida no tendrá el efecto deseado por el Gobierno.

Los expertos advierten de que esta medida es un arma de doble filo, ya que los propietarios podrían considerar que el precio que el ayuntamiento pone como tope no compensa el desembolso realizado, como la adecuación previa del inmueble para ser habitada, provocando una retirada masiva de pisos en alquiler en las zonas céntricas de grandes ciudades como Madrid y Barcelona, consideradas el ojo del huracán por el Ejecutivo. Puede ser visto como una «intromisión» por parte de los particulares.

En la misma línea está Julio Gil, director de la consultora inmobiliaria Horizone, que apunta que medidas de corte intervencionista «no han funcionado con anterioridad en ningun sitio». El máximo cargo de la consultora aclara que, aunque sea cierto que existe una situación que debe ser intervenida de alguna manera por los poderes públicos, «no creo que estas medidas a corto plazo solucionen el problema».

Estas medidas se producen en pleno debate sobre la presión que los alquileres turísticos ejercen en la subida de los precios. Tal es la problemática suscitada, que algunos ayuntamientos han propuesto delimitar qué inmuebles son aptos para tal actividad e incluso la completa prohibición de los alquileres turísticos. En este contexto, el acuerdo presupuestario realizado por PSOE y Podemos contempla la modificación de la normativa para que las comunidades de propietarios puedan prohibir la actividad de alquiler turístico, reduciendo aún más la oferta potencial de viviendas disponibles.

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