Miles de empresas españolas reclaman a la UE una moratoria del reglamento de envases para no desaparecer

El nuevo reglamento comunitario sobre envases y residuos ha puesto en alerta al entramado empresarial español y europeo, que teme que su aprobación y aplicación obligatoria puede provocar pérdidas multimillonarias en las empresas, al tener que adaptar sus procesos a las nuevas exigencias "sin apenas tiempo de adaptación" y con unos "costes que pueden ser inasumibles para la mayoría de ellas", explicaron a LA RAZÓN fuentes empresariales.

Por eso, la patronal CEOE -junto a la patronal europea Business Europe, la organización agraria Asaja, Marcas de Restauración, Asedas, Aspapel y otras 20 organizaciones europeas más-, en representación de casi un millón de empresas -tanto españolas como comunitarias-, han solicitado formalmente a la Unión Europea (UE) más tiempo y flexibilidad para la aplicación del futuro reglamento comunitario de envases y residuos, cuya negociación entre los diferentes miembros está en su recta final.

Una delegación de la patronal enviada a Bruselas ha mantenido una reunión celebrada con representantes de las instituciones comunitarias, a los que presentó un documento en el que mostraron la preocupación de los empresarios por el nuevo reglamento y reclamaron una moratoria temporal para que grandes empresas y pymes tengan tiempo de adaptación suficiente en sus procesos, y que la inversión que deban hacer sea más paulatina, ante la imposibilidad de hacer frente a grandes inversiones por parte de miles de estas empresas.

El Parlamento Europeo (PE) examinará previsiblemente el próximo martes el documento en su sesión plenaria y el posicionamiento de los cientos de miles de empresas de toda la cadena de valor del envase, entre las que figuran el sector agroalimentario, el papelero o el de la gestión de residuos, y que aglutinan a firmas grandes y pymes, segmento primario, fabricantes, comercio y distribución.

Las organizaciones españolas del sector agroalimentario y de las industrias de papel y de envases advierten que las propuestas reguladoras para envases tendrán un coste mínimo de 23.000 millones de euros en los sectores de la hostelería y a la distribución alimentaria, con un gasto medio de entre 50.000 y 150.000 euros por comercio o negocio. La Asociación de Empresas de Supermercados (Asedas) alerta de que si se multiplican ambas cifras por los 24.000 puntos de venta comercial, el coste se situaría entre los 1.200 y los 3.600 millones de euros solo entre las grandes superficies.

En cuanto a la hostelería, el coste de la nueva regulación comunitaria estaría entre los 15.000 y los 20.000 millones de euros. Todas estas cifras darían un montante superior a los 23.600 millones, aunque sólo representa una mínima parte del coste para las empresas del sector. En del sector agrario, los costes, ya de por sí disparados, tendrían nuevos incrementos y el futuro de muchas explotaciones y de las producciones de frutas y de hortalizas estarían abocadas al cierre.

Para la CEOE, la futura reglamentación de la UE sobre envases establece "objetivos inviables" sin un análisis de impacto previo, por lo que han planteado alternativas "más quirúrgicas", diferenciadas para cada sector, y más tiempo para ponerlas en marcha. También solicitan que los objetivos marcados sean "realistas, basados en un análisis de sostenibilidad y solo cuando se demuestre que tienen beneficios claros para el medio ambiente y la sociedad".

Las nuevas reglas propuestas tienen como fin que todos los embalajes de productos vendidos en la Unión en 2030 sean reciclables, con el objetivo último de reducir esos desechos en un 37% en 2040 a través también de la reutilización y el reciclaje. En el caso del envasado de plástico, la propuesta del reglamento fija un mínimo del 50% en contenido reciclado en 2040, por eso las empresas han solicitado otras opciones, como los plásticos de origen vegetal.

La Comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara examinará el día 24 la propuesta de reglamento, que en noviembre pasará al Pleno y después se producirán las negociaciones a tres bandas en las que participarán con la CE y el Consejo. La previsión es que concluyan en 2024, fuera ya de presidencia española. Las organizaciones españolas han solicitado un estudio de impacto, porque las propuestas actuales "carecen de un estudio real y objetivo, y hacen que los objetivos sean imposibles de cumplir".