El Ministerio de Consumo estudia medio centenar de convenios firmados por la OCU con empresas tras una denuncia de Facua

Se aviva el conflicto entre las dos grandes asociaciones de defensa de los derechos de los consumidores en España. A principios de agosto, Facua acusó a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de ocultar los nombres de la mayoría de los miembros de su Comité de Dirección, uno de sus órganos de Gobierno, pese a que la ley de transparencia le obliga a compartir públicamente esta información. Ahora, Facua vuelve a la carga y asegura que el Ministerio de Consumo está estudiando medio centenar de acuerdos suscritos por la OCU con empresas tras una denuncia interpuesta por esta misma asociación el pasado mes de noviembre.

En su denuncia, Facua considera que la OCU vulnera la prohibición de "realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios" y su deber de independencia, señala en un comunicado de prensa. Facua añade que Consumo espera desde hace meses que la OCU le conteste a un requerimiento de información sobre el acuerdo que anunció en 2021 con Facebook.

Se trata de un convenio por el que la organización retiró una demanda contra la multinacional por irregularidades en materia de protección de datos en la que reclamaba indemnizaciones para decenas de miles de consumidores, que finalmente no recibieron, según relata Facua en el comunicado.

Igualmente, según la denuncia de Facua, numerosas compañías pagan una comisión a una sociedad instrumental de la OCU por cada cliente que les capta a través de publicidad de sus ofertas. Facua señala que en la última década lo han hecho al menos ocho energéticas, un grupo de telecomunicaciones, un intermediario financiero y una aseguradora.

En la denuncia presentada ante el ministerio, Facua recuerda que otra organización, Ausbanc Consumo, fue expulsada del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores (Reacu) "por haber realizado publicidad comercial o no meramente informativa" de productos ofertados no ya por terceros, sino por una organización filial, Ausbanc Empresas. Concretamente, invitaba a suscribirse a las publicaciones editadas por dicha filial, las cuáles a su vez contenían publicidad comercial de operadores del mercado.

Facua también expone una serie de ejemplos de mensajes publicitarios lanzados por la OCU en su página web y en sus revistas para promover la contratación de servicios de distintas empresas. Señala que en algunos casos no solo los publicita, sino que llega a avalar la calidad de los servicios ofertados sin que realmente verifique cómo se prestan y de asegurar que han sido valorados por "expertos de la OCU cuando es la empresa en cuestión la que los valora".

En uno de los casos denunciados por Facua, la OCU hace creer que ha logrado una oferta especial para sus socios que en realidad está a disposición de cualquier consumidor. En otro, facilita un teléfono de contacto de la OCU que en realidad pertenece a la empresa a la que publicita. En un comparador de su web, asegura que analiza los mejores seguros de salud del mercado cuando deja fuera a alguna de las principales empresas del sector.

Además, las comparaciones no las realiza la OCU, sino una correduría de seguros y ello pese a que en la web de la organización aparecen textos como "nosotros comparamos" y "nuestros expertos han realizado comparativas de los seguros de salud existentes en el mercado, para ayudarte a tomar la decisión acertada".

Las comisiones

En los casos que Facua ha podido documentar, las comisiones oscilan entre 18,15 euros y 80 euros por cliente captado, aunque en uno de ellos la cantidad es variable, al tratarse del 0,2% del importe de los préstamos hipotecarios que los usuarios suscriban a través de un intermediario (unos 300 euros en el caso de una hipoteca media). Otro de los acuerdos a los que FACUA ha tenido acceso concreta pagos de 6,50 euros cada vez que un usuario utilizase un comparador de tarifas de la OCU en cuyos resultados publicitaba un descuento en las ofertas de un determinado grupo de telecomunicaciones.

Según Facua, la empresa que recibe los pagos es OCU Ediciones. La OCU solo es propietaria del 10% de dicha empresa, mientras que el 90% está en manos de la asociación belga Test Achats/Test Aankoop. Ambas organizaciones forman parte del grupo internacional Euroconsumers, que integra a asociaciones de consumidores y sociedades mercantiles instrumentales en España, Bélgica, Italia, Brasil y Portugal, país en el que también posee una inmobiliaria y una consultora de inversiones financieras.

Además, Facua asegura que el entramado cuenta con otra mercantil en Luxemburgo (Euroconsumers), una fundación en Países Bajos (Stichting International Consumer Interests) y, hasta hace poco, una empresa en Hong Kong (Worldcado Limited), que cerró poco después de trascender que su director estaba al frente de una sociedad en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

La OCU lo desmiente

Por su parte, la OCU ha desmentido que Consumo esté investigando acuerdos con empresas y asegura que cumple de forma "escrupulosa" con todas sus obligaciones y utilizará vías legales para defender su "honorabilidad".

En un comunicado, la organización ha tachado de informaciones "tendenciosas" las vertidas por Facua y ha subrayado que "todas las actividades llevadas a cabo de forma legítima tienen como objetivo mejorar la posición en el mercado de sus socios y de los consumidores en general, facilitándoles el acceso a diferentes bienes y servicios en mejores condiciones de información y de mercado, garantizando la independencia de la organización".

En este sentido, OCU ha recordado que la legislación española es "bastante garantista" y asegura que los acuerdos con empresas no merman la independencia de las asociaciones que los firman. Así, según reza el escrito, "OCU ha cumplido con todas sus obligaciones y proporcionado al Ministerio de Consumo toda la información requerida sin que hasta el momento tenga conocimiento de ningún expediente sobre sus actuaciones que se ajustan a la legalidad".

Por todo ello, OCU ha denunciado los "ataques injustificados de organizaciones de consumidores que pretenden imponer un modelo único de defensa de los consumidores, con una clara finalidad de utilización política del mismo, que atenta contra la pluralidad democrática y se aleja del principio de independencia política que establece la normativa española".

Asimismo, ha defendido un modelo de organización "fuerte e independiente" basada en la financiación de sus socios "frente a otras asociaciones que necesitan de las subvenciones públicas para su subsistencia y que son capaces de cualquier cosa a costa de mantener o aumentar su cuota de recurso públicos para garantizar su existencia", reza el escrito.