Misión imposible: los fondos europeos siguen sin llegar a las empresas

Retrasos, ausencia de ejecución, falta de transparencia, exceso de burocracia y un reparto desequilibrado al margen de la economía real. Ese el complicado panorama que presentan los fondos europeos asociados al Plan de Recuperación (PRTR) que han llegado hasta el momento a las manos del Gobierno español, en contra de lo que siempre ha defendido el Ejecutivo, que asegura que el 90% de los fondos aprobados desde Bruselas se han asignado. Al menos sobre el papel así parece, ya que el ritmo del compromiso de fondos en el primer trimestre de 2023 mantiene «velocidad de crucero» de más de 2.000 millones de euros al mes, por lo que resulta previsible que a final de año se hayan comprometido la práctica totalidad de los 70.411 millones de euros de los fondos del PRTR iniciales. Pero comprometidos no significa que realmente lleguen a empresas y familias. Como sucedía en los trimestres anteriores, la resolución «sigue siendo lenta y el nivel de adjudicación genera remanentes que habrá que redistribuir, cuando cada vez queda menos tiempo para poder hacerlo».

Esta es la advertencia que lanza el último «Observatorio NextGen» del bufete Llorente y Cuenca, que determina que en el primer trimestre de 2023 se han comprometido 7.756 millones de euros adicionales entre convocatorias y licitaciones, lo que representa un 27% de lo presupuestado para este año. Sin embargo, los fondos asignados siguen muy lejos de llegar a la economía real, ya que la Administración General del Estado (AGE) sigue teniendo un papel muy predominante, encargándose de gestionar el 70% de los fondos, 5.433 millones de euros. Dados los plazos habituales de resolución de convocatorias competitivas –de más de cuatro meses–, la mayor parte de los 1.200 millones de euros resueltos en el año 2023 corresponden a convocatorias de concesión directa de la AGE, «no por una concurrencia competitiva», inciden los analistas del bufete. Por esta razón, estos plazos administrativos –presentación de solicitudes, subsanación, evaluación, entre otros procesos– y de resolución explican el porqué todavía no haya licitaciones resueltas en 2023.

Por tanto, el protagonismo estatal en el reparto es total. De los 70.411 millones de euros ya comprometidos desde el inicio, 53.452 millones de euros, un 62% (32.899 millones de euros), han sido gestionaron directamente por el Estado –a cierre de 2022 era un 59,8%– y las autonomías se hicieron cargo del restante 38% (20.553 millones). Del dinero gestionado por el Estado –los 32.899 millones– solo se ha resuelto el 57,6%, hasta el momento, en las convocatorias y licitaciones, por lo que quedan casi 14.000 millones de euros por resolver. Se trata de un porcentaje ligeramente mayor del que había al final de 2022, cuando era del 54% de las convocatorias y del 45% de las licitaciones.

Comunidades autónomas

Más oscuridad se cierne sobre los trámites controlados por las comunidades autónomas por la falta de información sobre su ejecución. Hasta el momento, se ha adjudicado casi el 70% del importe de las convocatorias y licitaciones resueltas, unos 13.200 millones de euros, quedando sin adjudicar más de 5.700 millones de euros, que deberán buscar destino en el resto de 2023.

Esta falta de transparencia regional también ha sido puesta sobre la mesa por el propio Tribunal de Cuentas, que ha alertado sobre que no son suficientemente transparentes con la gestión de los fondos europeos y ha pedido a las regiones una mejor planificación estratégica de los mismos. Así lo determina en su informe de fiscalización sobre la gestión autonómica del Plan de Recuperación, en el que este Tribunal señala los errores de la puesta en marcha de las reformas y las inversiones que deben llevar a cabo las comunidades y las ciudades autónomas y recomienda «cambios para gestionar de forma ágil los proyectos».

Entre sus objeciones destaca la forma en que las comunidades han abordado la gestión de estas ayudas. El informe indica que aunque todas han habilitado espacios web para dar difusión a las actuaciones, esta información «no está completa», aparece «de forma sesgada» y, además, solo ocho autonomías publicaron datos oficiales referidos a las actuaciones desarrolladas. Otro aspecto criticado es la cobertura de las necesidades de recursos humanos para la gestión del Plan, al que define como «uno de los grandes retos a los que se enfrentan las comunidades y ciudades autónomas», sobre el que apunta que existen «oportunidades de mejora en las medidas adoptadas en relación con la planificación de estos recursos». Destaca que, «con carácter general», las comunidades y ciudades autónomas «no establecieron criterios comunes estandarizados para las valoraciones a realizar por las entidades ejecutoras en la cumplimentación de los test de autoevaluación, de forma que se pudieran comparar entre sí», con la única excepción de Cataluña. La autoevaluación que deben hacer las comunidades sobre su gestión de los fondos no se ha realizado con un proceso «ordenado, coherente y comparable» para identificar y corregir riesgos de gestión.

Retrasos en los Perte

En el mismo sentido, Llorente y Cuenca también señala como un problema la acumulación de retrasos en los Perte, como sucede con las ayudas al IPCEI de Hidrógeno, así como en el resto de adjudicaciones almacenamiento energético o a la rehabilitación del Patrimonio Histórico. Otras convocatorias destacadas que están pendientes son la segunda del Perte VEC –coche eléctrico– o la de Valles del H2, que no se espera que salgan hasta el segundo semestre de 2023.

En sus conclusiones carga contra la poca agilidad de la Administración Pública y la «escasez de capacidad adicional para la gestión del Plan». Observa un gran «falta de coordinación entre las diferentes Administraciones y un exceso de burocracia y de controles previos, en un entorno que requiere agilidad y eficacia», además de resaltar –como el Tribunal de Cuentas– la falta de disponibilidad de datos actualizados y oficiales sobre ejecución real. Por ello, pone en duda que los fondos estén llegando a su destino, al observar «obstáculos a la participación de empresas de determinados sectores en las convocatorias por la inclusión de requisitos de difícil cumplimiento» –como en los plazos de pago a proveedores–, trabas en los procesos de tramitación y plazos de concesión muy lentos, además de una enorme «complejidad de los procesos de presentación de solicitudes y de justificación de la ejecución de los proyectos, con escasa flexibilidad en la aprobación de cambios, incluso si representan mejoras».

Las empresas constructoras, decepcionadas

►Representantes de constructoras han mostrado su decepción por cómo se están ejecutando los fondos de recuperación destinados a infraestructuras. El director de España y Portugal y del área Industrial de FCC Construcción, José Antonio Madrazo, señaló que hay 94.000 millones por asignar a día de hoy en España.

Destacan en sentido negativo los 6.800 millones que hay para rehabilitación, fondos que se transfieren a ayuntamientos y comunidades autónomas para su gestión, y que está costando ponerlos en marcha, a juicio de Madrazo porque hay un problema de activación y gestión. A esto se suma el impacto que tendrán los costes de financiación y la subida de los tipos de interés en la ejecución de los proyectos.