Una mujer cobró durante 22 años la pensión de su difunta abuela: dos años de prisión y 150.000 euros de multa

Este caso específico no es el único que ha acechado a la Agencia Tributaria, pero su extrema rareza junto a la perdurabilidad en el tiempo de esta anomalía han propiciado que, años después de la sentencia final del mismo, su popularidad renazca de las cenizas. Tal vez sea por el estado de conflicto en el que se encuentran las pensiones de jubilación, que tanto agradan a unos y tan rechazadas son por otros, o por la incesante inflación que atenta contra el estilo de vida de los españoles, la razón de que este incidente vuelva a salir a la luz. Aunque en cualquier caso hay que identificar la negligencia de los organismos encargados de tener en cuenta esta serie de factores, pues podría volver a suceder en la actualidad.

Como resultado, ante la inoperancia de las instituciones, la susodicha había estado cobrando tanto la pensión de viudedad como la de jubilación, otorgadas por la Seguridad Social, de su abuela durante un total de 22 años de manera ininterrumpida. La defunción de la progenitora se produjo el 9 de enero de 1994, a partir de esta fecha la Administración no registro el fallecimiento, y la consecuente finalización del cobro de las prestaciones, y estas siguieron siendo cobradas hasta el 6 de octubre de 2016, cuando se desveló la verdad sobre el caso. A lo largo de más de dos décadas de fraude al Estado, la mujer en cuestión acumuló una suma total de 147.928 euros, algo inédito en nuestro país que sentó un precedente de alerta.

22 años cobrando la pensión de su abuela fallecida

El método que empleaba la protagonista, que vivía en la ciudad de Córdoba, encontraba su identidad en la recaudación mensual de la pensión exactamente en la misma oficina bancaria de Cajasur, sin captar la atención de la sucursal. Sin embargo, durante los últimos años empezó a levantar sospechas y el mismo director de la sucursal le pedía explicaciones, a lo que ella respondía con el Documento Nacional de Identidad de la ciudadana alegando que, en efecto, todavía seguía viva. Una vez que los trabajadores fueron conscientes de la posible situación, la tensión se intensificó y las dudas respecto a la validez de dicha información estaban en el aire.

Finalmente, fue el Instituto Nacional de la Seguridad Social de Córdoba el que notificó a la sucursal de lo que verdaderamente estaba pasando y, de inmediato, corto el pago de las dos ayudas reclamando todo el dinero que se había obtenido con esta fuente de ingresos. Aunque la mujer se negó, la INSS obtuvo 34.799,50 euros de su parte que correspondían al cobro pertinente desde noviembre de 2012, es decir, exactamente cuatro años desde la fecha en la que se desveló la realidad. Como consecuencia de todo esto, no contentos con la cuantía obtenida, el organismo institucional decidió llevar este caso a la Justicia para que fuera analizada desde los ojos de la misma, con el fin de recuperar todo el músculo económico usurpado.

Sentencia: dos años de prisión y una multa más que abundante

Pues bien, con la sentencia final, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictaminó y condenó a la acusada a cumplir dos años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena privativa de libertad. A esto se le suma la multa pertinente de 148.000 euros en concepto de compensación por todos los años de fraude fiscal. Por otra parte se le exime del derecho a reclamar cualquier tipo de subsidio en consecuencia con sus actos y, al mismo tiempo, no podría gozar de ningún ingreso sustentado por la Seguridad Social en los próximos cuatro años.

En la contraparte, tanto el banco como la Seguridad Social, también contaron con una reprimenda acorde a la negligencia administrativa de su ejercicio de dos décadas de antigüedad. El hecho de constatar una cosa tan grave con el simple acto de mostrar el DNI no era sujeto de excusa, pues el tribunal calificó este ejemplo mencionado como "indisculpable". No obstante, la implicada debería abonar al INSS la cantidad correspondiente a lo que le faltaba por pagar, es decir, 113.128,59 euros, con la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad Cajasur.