Bancos
Una nueva normativa europea hará que sea "casi imposible" equivocarse de cuenta al hacer una transferencia bancaria
El Reglamento Europeo 2024/886 obliga a los bancos a verificar que el nombre y el IBAN coincidan antes de autorizar cualquier envío de dinero, un proceso que estará disponible a cualquier hora y sin coste adicional
El sistema de transferencias bancarias dentro de la Unión Europea acaba de experimentar una transformación radical con la entrada en vigor del Reglamento Europeo 2024/886.
Esta normativa, activa desde el pasado 9 de octubre en la zona euro, establece que todas las entidades financieras deben ofrecer transferencias inmediatas en euros con las mismas condiciones y sin sobrecoste respecto a las ordinarias.
La medida busca combinar la inmediatez con una seguridad reforzada para los usuarios. Las operaciones estarán disponibles los 365 días del año y en cualquier horario, garantizando que el dinero llegue al destinatario en cuestión de segundos, un servicio que hasta ahora no era universal ni siempre gratuito.
Un escudo contra los errores y fraudes
La innovación más significativa es la implementación de un sistema de verificación del beneficiario obligatorio. Antes de que el usuario autorice la operación, el banco debe comprobar de forma automática si el nombre del titular introducido coincide con el número de cuenta (IBAN) registrado en el sistema. Este proceso actúa como una barrera crucial contra las transferencias erróneas o fraudulentas.
El mecanismo de verificación es claro e intuitivo. Si los datos coinciden plenamente, la transferencia se procede con normalidad. En caso de una coincidencia solo parcial, el sistema mostrará al usuario el nombre real del titular para que decida si continuar. Y si no hay coincidencia alguna, se emitirá una advertencia explícita que permitirá cancelar la operación antes de que el dinero sea enviado.
Adicionalmente, la normativa concede a los usuarios un mayor control al permitirles establecer límites al importe de estas transferencias inmediatas, ya sea por operación individual o de forma diaria. Si bien el reglamento fija un máximo de 100.000 euros por transacción, cada entidad bancaria puede aplicar topes inferiores basados en su propia política de seguridad.
La responsabilidad de que este sistema funcione correctamente recae directamente sobre las entidades financieras, que deben garantizar el correcto funcionamiento de la verificación y la actualización de los registros. En el caso de que se produzca un error y no se hayan aplicado estas medidas de seguridad, el banco estará obligado a devolver el importe íntegro al cliente, reforzando así la confianza en el sistema de pagos europeo.
