Nuevo conflicto de los funcionarios: amenaza de huelga en la CNMV si no se cumple el convenio firmado hace dos años

La rebelión de los empleados públicos ante los reiterados incumplimientos del Gobierno en la mejora de sus condiciones laborales y de trabajo se extiende como la pólvora entre los organismos adscritos a los ministerios y entre los altos funcionarios. A la guerra declarada por los trabajadores de la Inspección de Trabajo -que desembocará en la primera huelga general de su historia a partir del día 26-, las movilizaciones vividas en el SEPE o en la Seguridad Social, los funcionarios TIC -que cargan contra Hacienda y Economía por querer externalizar todos los servicios-, o los funcionarios del nivel A1 -que han denunciado en los tribunales varios apartados de la nueva Ley de Función Pública- se han unido ahora los empleados de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que exigen la aprobación de su convenio pese a la interinidad del Ejecutivo por el adelanto electoral.

El comité de empresa de organismo ha iniciado movilizaciones semanales para reclamar la aprobación del convenio colectivo acordado en 2021 con la dirección del supervisor bursátil, y del que solo falta el visto bueno definitivo desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública de María Jesús Montero, y desde el de Asuntos Económicos de Nadia Calviño, de los que, hasta ahora, "no hemos vuelto a saber nada", denunciaron a LA RAZÓN fuentes sindicales. Esta semana llevaron a cabo la primera concentración frente a Hacienda, donde registraron una carta dirigida a Montero y a las vicepresidentas Calviño y Yolanda Díaz, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura. A todos reclaman la aprobación del convenio colectivo de forma "inmediata", porque el proceso electoral "no debería influir" en su aprobación "ni alterar el proceso de tramitación".

Dos años llevan esperando los 432 trabajadores del supervisor bursátil para ver el convenio colectivo cumplido, aunque sus demandas se remontan a marzo de 2019, cuando enviaron la primera carta con sus reivindicaciones al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se mostró dispuesto a negociar. Tras tres años de tiras y aflojas, las conversaciones culminaron en un acuerdo ratificado en 2021 por el 81% de los trabajadores para que el organismo contara con el primer convenio de su historia. Sin embargo, cinco años después, la paralización de la tramitación del convenio ha provocado que los sindicatos que forman el comité de empresa -el mayoritario CSIF, con once miembros, y CC OO, con dos- hayan decidido pasar a la acción y convocar dos concentraciones de la plantilla, que podrían culminar en paros parciales o, incluso, en una convocatoria de huelga si no obtienen respuesta. "No descartamos nada", advierten desde CSIF.

Lo decidirán los trabajadores en una asamblea que se celebrará después de la concentración convocada el 15 de junio. "Si no obtenemos ninguna respuesta durante estas dos semanas, tomaremos decisiones más drásticas si lo deciden los trabajadores. Nuestras reclamaciones históricas son justas y, además, han sido consensuadas con la dirección para solucionar los problemas del organismo, evitar la pérdida de personal y talento, mejorar la transparencia, crear una carrera profesional y lo equiparar nuestras condiciones a las de otros organismos públicos", insisten desde CSIF. Reprochan al Gobierno "que ha tenido tiempo de sobra para aprobar un convenio que no tiene ningún impedimento legal para ser rubricado".

También se quejan del silencio y de la falta de interés mostrado por Montero y Calviño, "que no han tenido ningún interés en darnos una solución. La Dirección de la CNMV nos ha informado de que el convenio se presentó en ambos Ministerios, pero que nada se ha sabido desde entonces. Después de dos años con el acuerdo firmado, no hay ningún avance, lo que es absolutamente inaceptable. No tienen ninguna excusa después de 35 años sin convenio", reiteraron desde el sindicato, que reiteraron que "es intolerable que una institución lleve no esté protegida por convenio alguno que proteja los derechos laborales de sus empleados. Sin un convenio no hay transparencia en las condiciones de trabajo, la carrera profesional es "nula" y hay una fuga de personal "constante" hacia otros entes públicos. Hay que buscar una solución ya".

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