SEPE, el ineficaz servicio que no sirve para encontrar un empleo

Todos los que alguna vez han tenido que recurrir al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) han descubierto que su máxima y casi única función se limita a gestionar trámites burocráticos y laborales, un secreto a voces entre trabajadores y empresarios españoles al que nunca se ha puesto remedio desde su creación. Según datos del propio Ministerio, apenas un 2% de los contratos iniciados mensualmente se firmaron gracias a una oferta de empleo realizada a través de este servicio, una proporción que se mantiene sin alteraciones desde hace años y que durante el tiempo impactado por la pandemia, el porcentaje llegó incluso a caer por debajo de ese límite.

Nada que ver con los organismos homólogos de otros países europeos. En la última evaluación realizada por la Red Europea de los Servicios Públicos de Empleo, creada en 2014, se ha hecho un examen demoledor al organismo español y lo suspende clamorosamente. El análisis no aprueba ni uno de los indicadores aplicados, tanto con el grado de madurez o desarrollo organizativo de las oficinas públicas estatales o autonómicas como en la labor de colocación de candidatos, aplicando una inapelable de 0, con especial crítica sobre las «políticas de activación de los parados para facilitar las transiciones laborales» y las «relaciones entre las oficinas y los empleadores», que consideran prácticamente «nulas» e «ineficaces». Países como Francia (100%), Austria y Países (83%), Alemania (75%), y Bélgica (65%) están a años luz de España con su 0%..Una ineficacia que ha llamado la atención de la Unión Europea, que ha dado un toque de atención al Gobierno español por la «inexistente colocación directa de parados a través de ofertas gestionadas por las oficinas de empleo, que apenas llega al 1% de los potenciales beneficiarios», por debajo incluso del 2% que reconoce el propio SEPE.

La propia Autoridad Fiscal (Airef) apuntaba la misma cifra que aportaba Bruselas, algo que quiso recordar el propio líder del PP, Alberto Núñez, Feijóo, esta semana en su discurso de investidura: «Pese a registrar oficialmente más de 2,7 millones de desempleados en España, la economía acusa la falta de casi un millón de trabajadores. Pese a destinar 6.000 millones a políticas activas de empleo, la ratio de colocación del SEPE es de uno de cada cien», espetó a Yolanda Díaz.

Algo que secundan a pies juntillas los empresarios. Las patronales CEOE y Cepyme han alertado de nuevo sobre el problema de las vacantes laborales, más de 150.000 en la actualidad a pesar de tener 3,5 millones de trabajadores apuntados al paro. Las patronales exigen al Gobierno que den una solución, porque es un «problema de Estado que requiere de soluciones de Estado», y que lleven a cabo un verdadero cambio de modelo en el SEPE, «para que sirva de verdad como un servicio de empleo real». Según su documentación, solo en 9% de las vacantes de empleo se cubren a través del Servicio, por lo que reclaman una «solución multiministerial» que palíe el problema de las vacantes, sobre todo por el hecho de que en menos del 10% de los casos las empresas recurren a los servicios públicos de empleo para buscar trabajadores, porcentaje que finalmente se queda en apenas el 2% de propuestas resueltas. Los contactos personales, las redes sociales e internet son las principales vías usadas por las pymes para buscar empleados.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha mejorado los ratios del Servicio en toda la legislatura. Pese a que planteó un cambio de modelo del organismo, no lo ha llevado a cabo. En Consejo de Ministros se aprobó el anteproyecto de la Ley de Empleo, que en uno de sus apartados habilita la conversión del SEPE en la Agencia Española del Empleo, a la que las empresas deberán comunicar obligatoriamente sus puestos vacantes.

Según explicó la ministra en aquel momento, la nueva Agencia debería ser un «catálogo de servicios centrado en perfiles individualizados y en una tutorización individual de los ciudadanos que recurran e él». Para ello contaría con una unidad de gestión de datos laborales, en la que se centralizarían los incentivos, las contrataciones y la intermediación laboral de las administraciones y las empresas. También dispondría de una «oficina de análisis del empleo», que asesoraría en política de empleo, porque «dejaría de estar pensada para los desempleados para hacerlo por la sociedad y las empresas». Nada de eso se ha hecho.