Siete países de Europa, contra el intervencionismo energético español

Y a tenemos los datos del inmenso error de eso que llaman «el tope del gas», que no deja de ser una subvención que pagamos todos. La mal llamada «excepción ibérica» ha generado una subida de 20 euros al mes en la factura de casi 20 millones de hogares, el 65% de los consumidores. Un consumidor doméstico con contrato fijo ha sufrido un incremento del 41% en su factura, con un coste de unos 112 euros en 2022 por la obligación por ley de soportar el coste del tope de gas. Todo ello para reducir solo un 14% la factura del consumidor de tarifa regulada (PVPC) y enviar miles de millones a Francia, Portugal y Marruecos. La consultora Nera calcula que los consumidores españoles han pagado 1.945 millones de euros a Portugal, Francia y Marruecos, que se benefician del menor precio de la energía que importan mientras la diferencia del coste del gas la pagamos los consumidores españoles en el recargo de la tarifa.

Ante semejante fracaso del intervencionismo, es sorprendente que el Gobierno profundice en sus propuestas de intervenir el mercado y proponga en Europa romper la unidad de mercado y llevar al sector eléctrico, que ya es el más regulado e intervenido, a una nacionalización encubierta forzando a que todos los contratos se hagan vía estatal.

Es una broma que el Ejecutivo se queje de los excesos de la liberalización cuando tenemos la evidencia del impacto en nuestras facturas de la constante intervención gubernamental. Entre 2008 y 2020, el principal factor de aumento de la factura media de un consumidor viene de cargas reguladas, subvenciones e impuestos.

No podemos olvidar que en lo que llaman «parte liberalizada», el Gobierno decide el «mix energético», introduce impuestos a la hidráulica y la nuclear, que absorben la inmensa mayoría de su margen bruto, y encima se incluye un impuesto encubierto, como es el coste de las emisiones de CO2, cuyos permisos vende el Gobierno, recaudando más de 2.000 millones de euros.

Varios países se han mostrado en contra de la propuesta de Teresa Ribera de intervenir el mercado e imponer al Estado como comprador único. Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Luxemburgo, Letonia y Países Bajos han enviado una carta a la Comisión Europea con propuestas para la reforma de mercado interior, defendiendo el mercado interior europeo y la no intervención.

Defienden preservar los beneficios de la integración del mercado europeo de electricidad, ya que el modelo marginalista ha proporcionado, según ACER, un beneficio de 34.000 millones de euros respecto a la década anterior.

No podemos olvidar que estas medidas de intervención suponen una mala señal para las necesidades de inversión. Según el REPowerEU se necesitan inversiones en renovables por valor de 487.000 millones al año durante el periodo 2021-2030.

Un marco intervenido y controlado desde el Estado no garantiza mejores precios ni mayor inversión, sino todo lo contrario. Los españoles deberíamos recordar el terrible experimento del marco regulatorio mal llamado estable, que generó desincentivos a la inversión, apagones y encima los precios no eran mejores que los de los países con mercado abierto y competitivo.

Los países citados piden mantener los mercados de corto plazo y optimizar el funcionamiento de los de largo plazo para asegurar un despacho eficiente y complementado, con mercados de largo plazo que incentiven inversiones en renovables y permitan a los consumidores beneficiarse lo antes posible de mejores precios. Los contratos por diferencia (CfDs) deben ser tanto privados como establecidos por el Gobierno y evitar dañar la confianza de los inversores. Sobre todo, esos CfDs deben ser voluntarios, no retroactivos, dirigidos a nuevas inversiones renovables, con precios fijados en subastas y no por precios intervenidos o fijados por el Gobierno.

Es sorprendente que en un país donde los ciudadanos están tan descontentos con los políticos y su mala gestión fiscal y presupuestaria, se presente como la solución a los problemas de un mercado intervenido en más del 70%, intervenir el otro 30%. Es como intentar solucionar una fuga de agua abriendo más los grifos. ¿De verdad creemos que un sistema de subastas gestionadas por políticos va a ser más eficiente que la negociación entre consumidores y productores? ¿De verdad alguien se cree que un consumidor industrial va a tener mejores precios si lo gestiona el poder político? No hay más que ver Italia o Grecia, con empresas públicas y precios más elevados.

La propuesta española no solo esconde un intervencionismo dañino, sino la imposibilidad de llevar a cabo los contratos de manera libre, haciendo imposible la comparación y elección y con el riesgo de convertir el mecanismo en otra agencia de burocracia cara e ineficiente que, además, ahuyente la inversión hacia otros países con regímenes más competitivos.

No se soluciona un problema de intervencionismo con más intervencionismo. El mercado eléctrico necesita menos «control» de los gobiernos y más señales de competencia y atractivo inversor.

Si el mecanismo del tope del gas le ha regalado miles de millones a otros países y le ha subido la tarifa al 65% de los consumidores más de un 41%, imaginen lo que ocurrirá cuando se llene el mecanismo de subastas de trabas burocráticas y gestión política.