
¿Corrupción?
Sorpresa en Marruecos por la negativa de la mayoría parlamentaria a investigar el presunto derroche de las subvenciones para la importación de ovejas desde España
La Asociación para la Transparencia exige que se depuren responsabilidades

La Asociación Marroquí de Lucha contra la Corrupción (Transparencia Marruecos) expresó su sorpresa por el rechazo por parte de los partidos mayoritarios de la Cámara de Representantes de la solicitud de formar una comisión de investigación sobre la cuestión de las importaciones de ovejas (desde España); consideran que esta negativa plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de este delicado asunto.
La asociación señaló que entre las herramientas de supervisión que ofrece el sistema legislativo se encuentra la formación de una comisión de investigación, que tiene como objetivo descubrir las circunstancias que rodearon el caso y abrir el camino para que las autoridades judiciales competentes asuman sus responsabilidades y tomen las medidas adecuadas en caso de irregularidades.
La asociación también explicó que había seguido de cerca la decisión del gobierno de subvencionar la importación de vacas y ovejas para reducir los precios de la carne y facilitar la compra de animales para el sacrificio durante el Eid al-Adha en 2023 y 2024. La decisión, que se tomó con un presupuesto de 13.300 millones, se llevó a cabo. Sin embargo, los resultados sobre el terreno no han alcanzado el objetivo deseado, ya que no se ha registrado una reducción significativa en los precios de venta a los ciudadanos.
Transparencia Marruecos detectó una serie de irregularidades en este proceso, incluida la filtración de información sensible sobre el apoyo financiero antes de que se emitiera el decreto oficial. Esto constituye una violación legal conocida como "tráfico de información privilegiada".
Exigió la divulgación transparente de las condiciones para beneficiarse del apoyo a las importaciones y la verificación del grado en que las partes pertinentes, tanto los beneficiarios como los funcionarios gubernamentales, cumplen las leyes vigentes. También exigió la recuperación de los fondos malgastados y que se adopten las medidas legales necesarias para que los implicados rindan cuentas.
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