Subida salarial a 40.000 empleados públicos a dos meses de las elecciones

El incremento implicará una mejora de sus retribuciones de 280 euros anuales

El Gobierno y los sindicatos han firmado hoy el IV Convenio único para el personal laboral, que beneficiará a unos 40.000 trabajadores y que implicará una subida lineal del salario de 280 euros anuales y una mejora de las tablas salariales, entre otras medidas. En lo referente a la subida salarial, la categoría más baja percibirá este año un alza de hasta un 11%, teniendo en cuenta el aumento de dos puntos aplicado a principios de año a todos los empleados públicos. Además, dicho repunte general ascenderá al 14% en 2020 , según han explicado en la presentación del convenio. Así, los empleados que menos cobren recibirán 1.136 euros mensuales tras la entrada en vigor del acuerdo y podrán llegar a casi 1.200 euros en 2020. El acuerdo incluye una subida lineal para todo el personal de 280 euros anuales, con efecto desde el 1 de enero de 2018, con lo que una vez que entre en vigor el convenio los trabajadores cobrarán los atrasos con efecto retroactivo.

Sin embargo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mayoritaria en el sector público, rechazó la firma al considerar que deja fuera a la mayoría de los empleados públicos, un 70%, y que el acuerdo es “chapucero e injusto”. Además, considera que la subida media, de unos 20 euros mensuales es “claramente insuficiente” para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos durante los años de la crisis.

En total, la mejora de tablas salariales, la subida lineal y el repunte aplicado en enero a todos los empleados públicos implicará un aumento de salario medio del 5,5 % para el personal laboral este año.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha puesto en valor el convenio que mejora las condiciones laborales y retribuciones, con lo que se salda “una deuda con el personal laboral”. El convenio, que entra en vigor el 1 de enero de este año y vence el 31 de diciembre de 2021, afecta al personal de la Administración General del Estado, así como la administración de justicia no transferida, la Seguridad Social, el Consejo de Seguridad Nuclear y la Agencia Española de Protección de Datos, entre otras instituciones.