Opinión
Telefónica, una ventaja personal
El Gobierno justifica su entrada en Telefónica con el argumento de que es una empresa estratégica para España, pero su clientela no se beneficiará en nada de esta decisión, mientras que Sánchez y algunos de los suyos tendrán más poder
George Whatley (fallecido en 1791), jurista, autor de «Principios del Comercio (1771) y amigo de Benjamin Franklin (1706-1790), con el que se carteó durante años, defendía que «la mayor parte de las normas destinadas a regular, dirigir o frenar el comercio han sido errores políticos, o bien obra de hombres astutos en busca de su ventaja personal, con el pretexto del bien público».
La entrada del Estado en el capital de Telefónica, ahora con un 3%, tras pagar unos 700 millones de euros, pero con vocación de llegar a bastante más, hasta casi el 10%, habría que encuadrarla entre el error político o la persecución de una ventaja personal. Todo indica que el presidente del Gobierno, quien ha tomado la decisión, está más en lo segundo que en lo primero, aunque la ventaja personal que obtiene se pueda extender a un grupo más amplio de agraciados. La excusa, invocada desde hace meses, es la defensa de una empresa española ante un inversor extranjero, saudí para más señas que, es cierto, un país que no es el socio ideal.
Los beneficios que pueda acarrear para la gran mayoría de los españoles que el Estado sea accionista de Telefónica son ignotos. Para unos pocos, son obvios. Pedro Sánchez, por ejemplo, acumula más poder y, a corto plazo, la capacidad de poder hacer nombramientos en el consejo de administración y también influir en la dirección. Los elegidos serán otros de los beneficiados –y quizá sus equipos más cercanos– y nadie más. Las ventajas reales para el resto de españoles no se vislumbran, como tampoco los argentinos mejoraron en nada cuando Cristina Fernández de Kitchner, en medio de una gran campaña de imagen, nacionalizó la petrolera YPF, entonces controlada por Repsol, y ahora en números rojos desde hace años que ha tenido que cubrir el país austral.
No son empresas ni circunstancias comparables, pero el fondo intervencionista –y de ventaja– del asunto es similar. El Gobierno justifica su decisión con el argumento de que Telefónica es estratégica para España, algo que tiene entre su clientela estatalista que, sin embargo, no se beneficiará en nada de forma directa. Sánchez y algunos de los suyos, eso sí, tendrán más poder, que no de ser otra «ventaja personal», como decía Whatley.
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